LA PAZ, 22 mar (El Libre Observador) — A primera hora de este domingo, Bolivia abrió este domingo una jornada electoral que, aunque lejos del estruendo de unas presidenciales, carga con el peso silencioso de redefinir su mapa político territorial con la elección de 5.432 autoridades entre gobernadores, subgobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales.
Las mesas comenzaron a instalarse con puntualidad, en escuelas, coliseos y sedes vecinales dispersas por todo el país. En cuestión de minutos, filas discretas empezaron a formarse frente a los recintos, marcando el inicio de una elección que moviliza a más de 7,4 millones de votantes. La escena, repetida en los nueve departamentos, combina rutina democrática y una tensión apenas perceptible.
Desde el centro del poder electoral, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, optó por un mensaje sobrio, casi pedagógico. Convocó a votar temprano, a participar sin reservas, a sostener la democracia desde el gesto más básico: depositar una papeleta.
Pero también deslizó una advertencia implícita, dirigida a los actores políticos. Aceptar los resultados, dijo, es tan esencial como emitir el voto.
No es una exhortación menor en un país donde las disputas electorales han dejado cicatrices recientes. Esta vez, sin embargo, el foco no está en el poder central, sino en las estructuras que sostienen la vida cotidiana: gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales. En total, 5.432 cargos están en juego, en los nueve departamentos y 340 municipios donde las lealtades políticas suelen ser más volátiles y las disputas más inmediatas.
La magnitud del proceso se refleja también en sus cifras. Más de 18.000 candidatos compiten por esos espacios, en una contienda fragmentada que evidencia tanto la vitalidad como la dispersión del sistema político boliviano. Para administrarla, el país ha movilizado a más de 200.000 jurados electorales, ciudadanos comunes que, por un día, se convierten en custodios del voto.
A su alrededor, un dispositivo estatal intenta garantizar que la jornada transcurra sin sobresaltos. Más de 32.000 policías vigilan los recintos, mientras las Fuerzas Armadas apoyan en tareas logísticas y de control territorial.
Fiscales, peritos y médicos forenses permanecen en alerta, preparados para intervenir ante cualquier incidente. La democracia, aquí, no solo se ejerce, también se protege y obligatorio el sufragio.
Pero el pulso de la jornada no se mide únicamente en las urnas. A medida que avance el día, la atención se desplazará hacia el sistema de transmisión de resultados preliminares, una herramienta que el órgano electoral promete consolidar como rutina. La expectativa es clara: que los bolivianos puedan cerrar la jornada con una idea nítida de los resultados, evitando el vacío de incertidumbre que en el pasado alimentó sospechas y conflictos.
Mientras tanto, el país se mueve bajo las restricciones del llamado “auto de buen gobierno”, sin alcohol, con circulación limitada y bajo una vigilancia reforzada. Es el telón de fondo de una jornada que, aunque aparentemente contenida, pondrá a prueba la confianza en las instituciones.
Al final del día, más allá de los nombres que emerjan de las urnas, lo que estará en juego es algo menos visible pero más decisivo: la capacidad de Bolivia de sostener su democracia en los márgenes, en los territorios, en esos espacios donde el poder se ejerce más cerca de la vida diaria y donde, a menudo, se define el rumbo político del país.
