LA PAZ, 12 may (El Libre Observador) — En Bolivia, las palabras “diálogo”, “reconciliación” y “certidumbre” volvieron esta semana al centro del discurso presidencial. Pero fuera de los mensajes difundidos en redes sociales y los llamados oficiales a la unidad, el país continúa atrapado entre carreteras bloqueadas, marchas sindicales, mercados desabastecidos y una tensión social que ya comienza a sentirse en la mesa de miles de familias.
El presidente Rodrigo Paz intentó proyectar una imagen de moderación en medio de la tormenta. Desde el Gobierno insistieron en que Bolivia necesita “trabajar unida” y dejar atrás la confrontación política para frenar la crisis económica que golpea al país.
Paz apeló al “diálogo y reconciliación” como salida al conflicto, mientras la sede de Gobierno permanece parcialmente cercada por protestas sociales y sindicales que exigen desde mejoras salariales hasta su renuncia.
“Bolivia necesita reconciliación. Bolivia necesita certidumbre”, afirmó el mandatario en una declaración difundida por redes sociales, en la que defendió además un encuentro político y social realizado días atrás en Cochabamba con representantes empresariales, sectores sociales y líderes políticos de distintas corrientes.
Sin embargo, el discurso conciliador del Ejecutivo contrasta con una realidad cada vez más áspera en las calles.
En La Paz, los mercados populares comenzaron a resentir la falta de productos básicos. El precio de algunos alimentos subió en cuestión de días y largas filas de vehículos de carga permanecen detenidas en las rutas bloqueadas por campesinos, maestros rurales y organizaciones sindicales vinculadas a la Central Obrera Boliviana (COB).
La crisis ingresó ya en su segunda semana y amenaza con convertirse en el mayor desafío político del Gobierno de Paz desde su llegada al poder.
En las carreteras que conectan La Paz con el resto del país, decenas de camiones permanecen varados bajo temperaturas heladas. Algunos transportistas llevan días durmiendo dentro de sus vehículos, atrapados entre piedras, zanjas y grupos movilizados que exigen respuestas inmediatas frente al deterioro económico.
El impacto también alcanzó a hospitales y centros de salud. Autoridades policiales alertaron que camiones que transportan oxígeno medicinal continúan bloqueados en distintas rutas, mientras crece la preocupación por posibles problemas de abastecimiento sanitario.
LA POLICÍA, POR AHORA, EVITA INTERVENIR
El comandante policial Mirko Sokol confirmó que no recibió órdenes para desbloquear las carreteras porque el Gobierno mantiene abiertas mesas de negociación con los sectores movilizados. El Ejecutivo teme que una operación policial reactive imágenes que Bolivia conoce demasiado bien: enfrentamientos, represión y muertos en las calles.
La memoria de las crisis de 2003 y 2019 sigue presente en la política boliviana como una advertencia permanente.
Por eso Paz intenta mostrarse como un articulador antes que como un presidente dispuesto a imponer autoridad por la fuerza. En su mensaje habló de acuerdos, consensos y leyes debatidas “con transparencia”. También aseguró haber conversado con dirigentes opositores como Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, Manfred Reyes Villa y Jorge Tuto Quiroga.
Pero la conflictividad social parece avanzar más rápido que las mesas de diálogo.
Desde los sectores movilizados, la desconfianza hacia el Gobierno crece al ritmo de la inflación, la escasez de dólares y el aumento del costo de vida. Los sindicatos acusan al Ejecutivo de no ofrecer soluciones estructurales, mientras empresarios y transportistas alertan sobre pérdidas millonarias y un deterioro acelerado de la economía.
Paz, entretanto, intenta instalar otra narrativa: que los bloqueos son ahora el principal enemigo de la recuperación económica.
“Son los bloqueadores los que aumentan el precio de los productos”, afirmó el presidente, responsabilizando directamente a las protestas por el desempleo y la escasez.
Pero en Bolivia las crisis rara vez tienen un solo responsable. Y mientras el Gobierno llama al diálogo, el país vuelve a enfrentarse a una pregunta que atraviesa su historia reciente: cuánto tiempo puede resistir una economía frágil cuando la política deja de encontrar caminos para el acuerdo.
