LA PAZ, 7 jul (El Libre Observador) — En los salares desérticos del suroeste boliviano, bajo una costra blanca que brilla como un espejo de sal al sol andino, yace una de las mayores reservas de litio del planeta. Se trata de un tesoro geológico en el corazón del “triángulo del litio” sudamericano, compartido con Chile y Argentina. Pero a diferencia de sus vecinos, Bolivia aún no logra traducir su abundancia en un salto concreto hacia la industrialización ni en un posicionamiento sólido en el tablero global de la transición energética.
Ahora, un nuevo obstáculo amenaza con retrasar aún más esa aspiración. El Gobierno de Luis Arce ha advertido esta semana que la falta de aprobación legislativa de contratos clave con empresas extranjeras podría impedir que los más de 21 millones de toneladas de litio certificados como recursos puedan ser clasificados como reservas explotables. La distinción no es técnica: es política, económica y estratégica.
Recursos que no son reservas
Según la explicación del gerente de Operaciones de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Alfonso Pérez, el país posee importantes cantidades de litio certificado como “recurso geológico”, pero sin proyectos industriales en marcha, esas cifras no pueden ser reconocidas internacionalmente como “reservas”.
Para lograr ese estatus, es necesario contar con estudios de factibilidad, tecnología operativa y contratos aprobados que validen su explotación.
Y ahí está el nudo: los contratos firmados con las firmas extranjeras Uranium One Group (Rusia) y CBC (China) están paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, un órgano dividido y bloqueado por la fragmentación política entre el oficialismo, la oposición y disidencias internas del Movimiento al Socialismo (MAS).
“La inacción parlamentaria no solo retrasa los proyectos: impide que el litio boliviano sea reconocido como una reserva económicamente viable”, explicó Pérez a medios locales. “Algunos ven los contratos como una papa caliente; otros como una oportunidad histórica”.
Entre la riqueza y la parálisis
El litio ha sido elevado en Bolivia a categoría de recurso estratégico, con una narrativa nacionalista que lo compara con el petróleo en su potencial transformador. Sin embargo, el país carga con décadas de promesas incumplidas, proyectos truncados y desconfianza entre actores políticos que han hecho del control del litio un campo de disputa ideológica y electoral.
Pese a que Bolivia fue pionera en declarar al Estado como único actor en el aprovechamiento del litio —con YLB como empresa estatal—, su avance ha sido lento. Mientras Argentina y Chile atraen inversiones y exportan a gran escala, Bolivia sigue en fase piloto con plantas en construcción y sin producción comercial significativa.
Los contratos firmados con Rusia y China representan, en la visión del Gobierno, una nueva etapa: cooperación tecnológica, financiamiento externo y acceso a mercados, manteniendo control estatal. Pero para ello se necesita la aprobación del Parlamento, donde el estancamiento legislativo ha puesto en pausa no solo este proceso, sino otros megaproyectos de desarrollo.
Una oportunidad que se evapora
En un mundo en plena transición energética, donde el litio se cotiza como el “oro blanco” del siglo XXI, Bolivia se arriesga a quedar rezagada. El país cuenta con ventajas geológicas notables, pero sin capacidad técnica, ni acuerdos internacionales vigentes, ni una estrategia consensuada de industrialización, corre el riesgo de ver pasar la oportunidad.
La demora en aprobar los contratos no solo afecta la clasificación de reservas; también socava la credibilidad del país como socio confiable para inversiones estratégicas. En la visión de muchos analistas, Bolivia debe resolver su impasse político interno si quiere desempeñar un papel relevante en el mercado global de baterías y electromovilidad.
