LA PAZ, 9 jun (El Libre Observador) — La tensión que flota sobre Bolivia desde hace semanas sumó este lunes un nuevo capítulo. A un poco más de dos meses de las elecciones generales, el Ministerio Público admitió formalmente una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales por delitos que van desde terrorismo hasta sabotaje electoral.
La acusación, presentada por el Ministerio de Justicia, marca un giro en la creciente confrontación entre el actual gobierno de Luis Arce y su exjefe político, en un momento en que las movilizaciones y bloqueos de caminos sacuden al país.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó la admisión de la denuncia.“Se ha presentado una denuncia el 5 de junio contra el señor Evo Morales Ayma. La comisión de fiscales analiza los supuestos delitos cometidos”.
Entre ellos figuran cargos graves como terrorismo, atentado contra servicios públicos y desobediencia a resoluciones constitucionales, una batería penal que podría definir no solo el destino de Morales, sino también el equilibrio electoral.
Durante la última semana, los bloqueos de carreteras promovidos por sectores afines al expresidente han paralizado regiones clave. En el trópico de Cochabamba, bastión histórico del líder cocalero, el tránsito es intermitente y los accesos a centros urbanos se ven amenazados.
Los cortes, denuncia el Gobierno, buscan generar caos y presión social para forzar su habilitación como candidato presidencial, algo que el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional han negado.
“Estas acciones no solo afectan la economía o el tránsito. Atentan contra la vida de los bolivianos que deben salir día a día a buscar sustento”, lamentó Mariaca en rueda de prensa. Para el Ejecutivo, los bloqueos son parte de un plan deliberado para boicotear los comicios del próximo 17 de agosto.
La reacción del Ministerio Público ha sido inmediata. Fiscales han sido desplazados a zonas cercanas al Chapare, aunque bajo protocolos de seguridad por la tensión imperante.
Según el fiscal general, más de veinte personas han sido detenidas y procesadas hasta ahora, algunas bajo detención preventiva. El operativo judicial se coordina con la Policía, que busca identificar no solo a quienes ejecutan los bloqueos, sino a los autores intelectuales detrás de la estrategia.
El pasado jueves, el ministro de Justicia, César Siles, hizo pública la denuncia formal contra Morales y sus aliados. “Tenemos evidencia de que se dieron instrucciones para cercar ciudades, para desatar un cerco social y económico. Esas acciones no pueden quedar impunes”, declaró.
Siles precisó que la querella también alcanza a dirigentes y activistas que, con respaldo logístico o político, han sostenido las movilizaciones violentas.
Evo Morales, por su parte, guarda silencio oficial, pero sus seguidores mantienen la línea: niegan que se trate de un intento de desestabilización y aseguran que su líder es víctima de una persecución judicial orquestada por el gobierno de Arce. Un gobierno que, paradójicamente, surgió como continuidad del proyecto del propio Morales en 2020.
La fractura dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) ya es irremediable. Lo que antes era una pulseada interna por el control del partido se ha transformado en una lucha abierta por la narrativa nacional.
Morales insiste en su derecho a postularse, a pesar de no contar con partido habilitado ni respaldo jurídico. Arce, en cambio, intenta consolidarse como única opción de estabilidad y orden frente al desgaste económico y político.
La Fiscalía boliviana tiene ahora la tarea de dilucidar si Evo Morales cruzó una línea penal o si, como argumentan sus seguidores, se trata de una ofensiva política para eliminarlo del tablero. Lo que está claro es que la sombra judicial del expresidente ha regresado, y con ella, la sensación de que Bolivia aún no cierra sus heridas más profundas.
