LA PAZ, 23 sep (El Libre Observador) — La controversia sobre la sucesión presidencial se profundizó este miércoles en Bolivia después de que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, reconociera al presidente del Senado, Diego Ávila, como “presidente constitucional”, mientras una autoridad judicial y el Comité pro Santa Cruz respaldaron la aplicación de la Constitución ante la ausencia simultánea del presidente Rodrigo Paz y del vicepresidente Edmand Lara.
El pronunciamiento de Mariaca se produjo durante un acto oficial en Santa Cruz, donde saludó a Ávila como “presidente constitucional” y sostuvo que, ante la ausencia de las dos primeras autoridades del Ejecutivo, corresponde al titular del Senado asumir la conducción del Estado.
“Saludar al presidente de la Cámara de Senadores. Y como yo le decía anoche, presidente constitucional el día de hoy en Bolivia. Porque para mí lo es eso, no estando el presidente ni el vicepresidente, quien asume es el presidente del Senado de nuestro país. Para mí… allá los comentarios”, afirmó.
La posición del fiscal general coincidió con la del presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, quien sostuvo que ninguna disposición puede situarse por encima de la Constitución Política del Estado.
“La Constitución así lo establece, puede haber disposiciones que interpreten aquello, pero, mientras eso no exista, la Constitución así lo establece”, declaró Quezada al ser consultado sobre la sucesión presidencial.
Preguntado específicamente sobre si un decreto supremo podría estar por encima de la Constitución, en referencia a la norma que permite al presidente ejercer sus funciones desde el exterior mediante herramientas tecnológicas, respondió: “de ninguna manera”.
“No puedo emitir mucho comentario, más sí la Constitución Política del Estado establece la línea vertical de mando ante la ausencia del presidente”, insistió.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, también respaldó la interpretación de Mariaca y pidió a las autoridades respetar las normas constitucionales.
“Si la Constitución lo dice, es lo que está escrito”, afirmó.
“No podemos obviar las leyes. No deben existir excepciones y toda persona, sin importar el nivel que ocupe, tiene la obligación de cumplirlas”, añadió.
La controversia se originó por la ausencia simultánea de Paz y Lara. El presidente se encuentra en Estados Unidos para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, mientras que el vicepresidente viajó a Paraguay para cumplir una agenda oficial. Ante esa situación, la Vicepresidencia comunicó a Ávila que debía asumir temporalmente la Presidencia.
“Corresponde que su persona, en su condición de presidente de la Cámara de Senadores, asuma lo que corresponda al derecho conforme lo establecido por la Constitución Política del Estado”, señala la carta enviada por la Vicepresidencia a Ávila.
El documento sostiene que Paz se encuentra en misión oficial en Nueva York y que Lara había asumido previamente la suplencia presidencial en aplicación del artículo 169 de la Constitución. Añade que, ante el viaje del vicepresidente a Paraguay hasta el 25 de septiembre, se produce la ausencia simultánea de las dos primeras autoridades del Ejecutivo y plantea el relevo temporal de Ávila.
El artículo 169 establece que, ante una ausencia temporal del presidente, el vicepresidente asume la presidencia por un periodo que no puede exceder los 90 días. La controversia actual se centra en cómo debe aplicarse esa disposición cuando el presidente y el vicepresidente se encuentran fuera del territorio nacional.
El Gobierno, por su parte, sostiene que Paz continúa ejerciendo sus funciones desde Estados Unidos mediante herramientas digitales, al amparo del Decreto Supremo 5515, que establece mecanismos para el ejercicio de las atribuciones presidenciales a distancia.
De hecho, Paz informó este martes que, después de participar en una conferencia de CAF-PNUD, ingresó directamente a una reunión virtual de gabinete desde Estados Unidos.
La Vicepresidencia también abrió otro frente de disputa al pedir al vocero presidencial, José Luis Gálvez, que explique sus declaraciones sobre la suplencia y precise si actuó por instrucción de Paz, además de solicitar el fundamento jurídico de sus afirmaciones.
La comunicación incluye un llamado de atención institucional y advierte sobre eventuales responsabilidades si se identifican incumplimientos funcionales, aunque aclara que no constituye una sanción.
Gálvez defendió sus declaraciones y afirmó que depende del presidente Paz y que cumple sus funciones al informar a la población.
“El vicepresidente tiene un fuerte deseo de reconocimiento y de que le rindan pleitesía. Yo le muestro respeto. (…) Si corresponde que llegue la llamada de atención. Yo estoy cumpliendo mis funciones informando a la población, respondiendo las preguntas que son naturales y en realidad fijando posición en función de la ley y la Constitución”, sostuvo.
La disputa adquiere así una dimensión institucional que trasciende el enfrentamiento entre Paz y Lara. Mientras el Ejecutivo reivindica la vigencia del mecanismo de ejercicio presidencial a distancia, desde la Vicepresidencia, la Fiscalía y una autoridad judicial de Santa Cruz se invoca la línea sucesoria establecida en la Constitución. La declaración de Mariaca y el respaldo de Quezada incorporaron además al Ministerio Público y al Órgano Judicial al debate público.
La situación se mantiene abierta mientras Paz desarrolla su agenda internacional y Lara permanece en Paraguay. En el centro de la controversia queda una cuestión de interpretación constitucional con consecuencias directas sobre quién debe ejercer el mando del Estado durante la ausencia simultánea de las dos primeras autoridades del Ejecutivo.
