LA PAZ, 30 abr (El Libre Observador) — A solo seis días de que la Asamblea Legislativa concluyera la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, la justicia boliviana dio un giro inesperado al proceso. La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando anuló la preselección y ordenó este martes una nueva convocatoria, atendiendo a una acción popular presentada por la aspirante Yeny Dury.
La acción legal denunciaba la vulneración de los derechos de las mujeres indígenas, originarias y campesinas de Pando, al no existir candidatas habilitadas de este sector entre las aspirantes del departamento. Esta omisión violaba la Ley 1549 de Elecciones Judiciales, que establece la obligatoriedad de garantizar la representación de estos grupos poblacionales.
Tras admitir la solicitud el pasado 18 de abril, la Sala Constitucional dispuso como medida cautelar la paralización del cronograma de preselección para evitar «vulnerar los derechos colectivos demandados».
La decisión se ratificó en una audiencia realizada este martes, donde se ordenó la inaplicación de la Ley 1549 y su reglamento, y se estableció la necesidad de una nueva convocatoria.
La demandante, Yeny Dury, había argumentado que las aspirantes indígenas de Pando no tuvieron las mismas condiciones para postularse que las candidatas de otros departamentos.
Como ejemplo, señaló que la Facultad de Derecho de la universidad pandina opera desde hace 20 años, mientras que en otras regiones cuenta con más de un siglo de trayectoria. Esta diferencia, según Dury, no podía ser utilizada para exigir a las candidatas pandinas la misma cantidad de años de formación y experiencia profesional que a las aspirantes de departamentos con mayor antigüedad en la formación jurídica.
La decisión judicial generó reacciones encontradas. El diputado Pablo Arizaga, de la bancada Comunidad Ciudadana, lamentó la anulación del proceso y criticó la actuación de las instituciones públicas.
«Una simple acción popular acaba de fulminar el proceso», expresó, calificando la situación como un «punto óptimo de ignorancia» en las instituciones.
Por su parte, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, había expresado su preocupación por la naturaleza y el enfoque de la acción popular, ya que podía paralizar «de forma definitiva» el proceso de preselección.
La anulación de la preselección y la orden de una nueva convocatoria representan un revés para el proceso de elecciones judiciales en Bolivia. Sin embargo, la decisión judicial también resalta la importancia de garantizar la representación de todos los sectores de la población en los procesos democráticos, especialmente aquellos grupos históricamente marginados. La nueva convocatoria deberá considerar las observaciones realizadas y establecer mecanismos que aseguren la igualdad de oportunidades para todas las y los aspirantes.
