LA PAZ, 18 nov (El Libre Observador) – El ministro de Justicia, Iván Lima, ha desatado una controversia este sábado al cuestionar enérgicamente el accionar de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por la aprobación de 17 leyes, en su mayoría declarativas y, según sus palabras, sin conexión con las necesidades reales del pueblo boliviano, todo ello con un presupuesto anual de Bs 264 millones.
De acuerdo a los cálculos cada ley trabajada tuvo un costo promedio de Bs 15,5 millones
“La Asamblea Legislativa (con) los Bs 264 millones que recibe cada año, aprobó 16, 17 leyes en la última gestión, la mayor parte declarativas, no son leyes que vayan a responder al interés del pueblo boliviano, ni siquiera la ley del presupuesto fue aprobada, es un tema crítico”, cuestionó en entrevista con El Deber Radio.
El reproche de Lima se centra en la falta de priorización legislativa, enfocándose en la aprobación de leyes consideradas intrascendentes, mientras proyectos de suma urgencia y relevancia, como el Presupuesto General del Estado Reformulado 2023 y el Código Procesal Agroambiental, quedaron estancados.
La crítica se intensifica tras el rechazo por parte de legisladores vinculados a diferentes líderes políticos, como Evo Morales, Carlos Mesa y Fernando Camacho, al mencionado Presupuesto General del Estado Reformulado 2023, lo que ha obstaculizado la disposición de un presupuesto agregado de Bs 6.455 millones, recursos cruciales para entidades del sector público, gobiernos municipales, universidades públicas y gobernaciones.
El rechazo de este presupuesto ha desencadenado una ola de demandas por parte de distintos sectores, incluyendo concejales, el sistema universitario y organizaciones sociales, exigiendo a la Asamblea Legislativa una pronta aprobación del proyecto de ley.
En contraste, los informes de gestión presentados por los presidentes de ambas cámaras legislativas, el Senado y la Cámara de Diputados, destacan un número significativo de leyes aprobadas: 63 por el Senado y 73 por la Cámara de Diputados durante la Legislatura 2022-2023. Estas cifras contrastan con las críticas de Lima sobre la relevancia y el impacto de estas legislaciones en la vida del pueblo boliviano.
La discrepancia entre la aprobación de un número considerable de leyes y la percepción de su falta de trascendencia plantea un debate crucial sobre la efectividad y la verdadera relevancia de la labor legislativa.
