LA PAZ, 3 jun (El Libre Observador) — Las calles de Bolivia vuelven a ser escenario de una creciente tensión social. Desde las primeras horas del martes, los bloqueos de carreteras —que comenzaron como una medida sectorial en el corazón del país— se han multiplicado, expandiéndose a regiones estratégicas y sumiendo al Gobierno de Luis Arce en una de las semanas más críticas de su gestión.
El país, ya golpeado por una profunda escasez de divisas, inflación sostenida y conflictos internos, enfrenta ahora una parálisis logística que amenaza con colapsar el abastecimiento de combustibles y alimentos.
Las protestas, encabezadas por sectores afines al expresidente Evo Morales —el denominado bloque «evista» del Movimiento al Socialismo (MAS)— y organizaciones vecinales en rebeldía, no solo cuestionan la legitimidad del actual mandatario, sino que exigen su renuncia y la habilitación de Morales como candidato en las elecciones generales de agosto.
En el fondo, se libra una feroz disputa dentro del mismo partido que gobernó Bolivia durante los últimos 18 años: el MAS, fracturado entre el “arcismo” y el “evismo”.
Uno de los puntos más críticos se encuentra en Cochabamba, bastión histórico de Morales, donde al menos 13 cortes de ruta han interrumpido el eje troncal que une el occidente con el oriente boliviano. Esta vía, vital para el tránsito de bienes y combustibles, conecta los departamentos productivos de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y Oruro con la sede de gobierno, La Paz.
A su vez, en El Alto —una ciudad clave en la dinámica política boliviana—, vecinos movilizados han instalado más de una decena de bloqueos que impiden el paso hacia Perú y Chile.
Aunque muchos de estos grupos aseguran no alinearse con el expresidente Morales, comparten un mismo grito: basta de crisis económica. Exigen soluciones inmediatas ante el alza de precios, el desabastecimiento de combustibles y la pérdida del poder adquisitivo.
“La situación es delicada. Estamos hablando de cortes en rutas fundamentales para el abastecimiento de gasolina y diésel”, advirtió el comandante policial de El Alto, Adrián Álvarez, quien confirmó que el transporte internacional se encuentra parcialmente paralizado.
Según datos de YPFB, más de 2.000 cisternas que transportan combustibles desde países vecinos como Chile, Perú, Paraguay y Argentina corren el riesgo de quedar varadas por los bloqueos.
La presión social se combina con una asfixia institucional. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, responsabilizó directamente a los legisladores opositores y al bloque “evista” por bloquear la aprobación de 16 créditos externos —equivalentes a 1.849 millones de dólares—, que habrían inyectado divisas en una economía que depende cada vez más del endeudamiento.
“No es el modelo económico el problema. El bloqueo está en la Asamblea Legislativa, y es un sabotaje político deliberado”, denunció.
El Gobierno desplegó este martes un operativo en Cochabamba, donde las fuerzas policiales intervinieron varios puntos de bloqueo, incluyendo el estratégico municipio de Sipe Sipe. Las acciones se desarrollaron sin enfrentamientos, aunque los manifestantes anunciaron que volverán a instalar los cortes en las próximas horas.
Para el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, el trasfondo es más político que económico. “El objetivo es boicotear las elecciones y forzar la candidatura de una persona que está inhabilitada y ni siquiera tiene partido”, dijo en referencia a Evo Morales, cuya postulación fue anulada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Mientras tanto, La incertidumbre crece entre transportistas, comerciantes y ciudadanos de a pie. A pocas semanas del arranque formal de la campaña electoral, Bolivia se adentra en una espiral de confrontación que pone en jaque no solo al Gobierno, sino a todo el sistema institucional.
La pregunta ya no es quién tiene la razón, sino cuánto puede resistir Bolivia este pulso entre facciones antes de entrar en un punto de no retorno.
