LA PAZ, 6 jun (El Libre Observador) – En una jornada cargada de tensión y controversia, la Asamblea Legislativa de Bolivia se convirtió en el epicentro de una batalla política sin precedentes.
La nueva alianza entre la oposición y los “evistas”, facción liderada por el expresidente Evo Morales, tomó el control del Parlamento y aprobó varias leyes, entre ellas, el cese del mandato de los magistrados prorrogados del Órgano Judicial, en medio de una incertidumbre vedada por una decisión del Tribunal Constitucional que advirtió “nulidad de actos”.
La derecha opositora y los “evistas” argumentaron la legalidad de sus acciones basándose en la Constitución y el reglamento interno, mientras que el oficialismo señaló la existencia de un dictamen del Tribunal Constitucional que impedía la sesión presidida por Andrónico Rodríguez, aliando de Morales.
Este dictamen se convirtió en el fundamento de un recurso que busca la nulidad de la sesión, incrementando la perplejidad sobre la validez de las leyes aprobadas.
El trasfondo de esta jornada política fue la ausencia del presidente Luis Arce, quien se encuentra en Rusia en visita oficial. Esta circunstancia permitió al vicepresidente David Choquehuanca asumir la presidencia interina, dejando a Rodríguez al mando del Legislativo, situación que fue interpretada de diversas formas en cuanto a la legalidad de sus actos.
Con la presencia de 28 senadores y 78 diputados del MAS “evista”, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, la sesión se llevó a cabo sin los legisladores del ala “arcista” del MAS, quienes consideraron la sesión ilegal e ilegítima y decidieron no participar.
La alianza entre la oposición y los “evistas” aprovechó para aprobar el controvertido proyecto de ley 075, que establece el cese de los magistrados prorrogados del Órgano Judicial a partir del 2 de enero de 2024.
Esta ley, junto con otras resoluciones, incluyó la continuidad del servicio judicial mediante tribunales departamentales, un crédito de 176 millones de dólares y el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto.
Rodríguez declaró sancionadas estas leyes y las remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación, mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) notificaba la admisión del Recurso Directo de Nulidad presentado por el diputado Juan José Jáuregui.
Este recurso impugna la legalidad de la convocatoria de la sesión realizada por Rodríguez y advierte que cualquier acto posterior será nulo de pleno derecho.
El jefe de bancada del MAS, línea del presidente Arce, Jerges Mercado, enfatizó que la sesión queda “nula y sin efecto” y denunció la convocatoria de Rodríguez como una “ilegalidad e inconstitucionalidad”.
La diputada Magaly Gómez, por su parte, acusó a Rodríguez de “usurpar funciones” y anunció acciones legales contra el presidente del Senado.
Este episodio ha dejado al país en una encrucijada política, con la legalidad de las recientes aprobaciones en duda y un escenario de confrontación que promete intensificarse en los próximos días.
