LA PAZ, 22 mar (El Libre Observador) — En Bolivia, la jornada de estas elecciones subnacionales no solo convoca a ejercer un derecho, también impone obligación. Este domingo 22 de marzo, más de 7,4 millones de ciudadanos están llamados a votar en las elecciones locales bajo un marco legal que castiga la abstención con multas económicas y restricciones administrativas que pueden extenderse durante tres meses.
El mensaje del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es claro, “no acudir a las urnas tiene consecuencias”. Amparado en la Ley 026 del Régimen Electoral, el organismo ha dispuesto una serie de sanciones que alcanzan tanto a ciudadanos como a funcionarios involucrados en el proceso, en un intento por garantizar la participación y la integridad del sistema democrático.
Para el ciudadano común, la falta más directa es no votar. La sanción: una multa de 660 bolivianos, equivalente al 20 % del salario mínimo nacional.
A esto se suma una dimensión menos visible pero más incómoda: la ausencia del certificado de sufragio, documento indispensable para realizar trámites bancarios o gestiones en instituciones públicas durante los 90 días posteriores a la elección. En la práctica, no votar puede traducirse en una forma de bloqueo administrativo temporal.
El sistema de sanciones no se detiene ahí. También se penaliza a quienes circulen en vehículos sin autorización durante la jornada electoral o incumplan disposiciones del llamado “auto de buen gobierno”, el conjunto de restricciones que busca preservar el orden público el día de la votación.
Más severas son las multas para quienes forman parte del engranaje electoral. Los jurados, ciudadanos sorteados para administrar las mesas de sufragio, enfrentan sanciones de hasta el 50 % del salario mínimo (1.650 bolivianos) si no se presentan, abandonan sus funciones o incumplen tareas clave como el llenado de actas. Incluso faltas consideradas intermedias, como ausencias temporales injustificadas, conllevan penalizaciones de 990 bolivianos.
En la misma línea, los notarios electorales, responsables de organizar y supervisar el proceso en cada recinto, pueden ser sancionados con multas equivalentes al 50 % del salario mínimo si descuidan funciones esenciales, como la capacitación de jurados o la distribución del material electoral.
Los servidores públicos tampoco quedan al margen. El uso indebido de vehículos oficiales o la omisión en la exigencia del certificado de sufragio en trámites administrativos puede derivar en multas de 660 bolivianos, reforzando la lógica de corresponsabilidad institucional.
En el fondo, el sistema revela una concepción particular de la democracia boliviana: votar no es solo una prerrogativa individual, sino un deber cívico exigible. La sanción económica actúa como mecanismo disuasivo, pero la verdadera presión se ejerce en la vida cotidiana, a través de la imposibilidad de operar con normalidad en bancos o entidades públicas sin el comprobante de haber participado.
Así, en un país donde la participación electoral suele ser elevada, la pregunta sobre qué ocurre si no se vota encuentra una respuesta concreta y tangible. No se trata solo de una multa, sino de una cadena de efectos que convierte la abstención en una decisión con costos inmediatos.
En la antesala de los comicios, la advertencia del órgano electoral adquiere un tono práctico; acudir a las urnas no solo define autoridades, también evita sanciones. En Bolivia, la democracia no solo se ejerce; también se cumple.
