LA PAZ, 9 feb (El Libre Observador) — El Gobierno de Bolivia ha salido a despejar temores internos y a enviar una señal clara al exterior: no habrá retorno de bases ni de agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en territorio boliviano. La decisión se produce en un momento de cauta recomposición de los vínculos con Washington y reactiva un debate histórico en América Latina sobre soberanía, cooperación y los límites de la llamada “guerra contra las drogas”.
El viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, afirmó que cualquier cooperación con la DEA se limitará al intercambio de información, apoyo logístico y asistencia financiera, sin participación operativa directa. “No habrá personal extranjero ni instalaciones de la DEA en Bolivia”, subrayó, al remarcar que las fuerzas nacionales mantendrán el control exclusivo de las operaciones antidroga.
La referencia a la DEA toca una fibra sensible en la política boliviana. La agencia fue expulsada en 2008 por el entonces presidente Evo Morales, quien la acusó de espionaje y de injerencia en asuntos internos. Aquella decisión derivó en una crisis diplomática con Estados Unidos que incluyó la expulsión recíproca de embajadores y la suspensión de beneficios comerciales clave, como el ATPDEA, con un fuerte impacto en sectores exportadores.
Aunque las relaciones nunca se normalizaron por completo, el presidente Rodrigo Paz ha expresado su intención de restablecer el intercambio de embajadores, un gesto que apunta a una relación más pragmática con Washington. Sin embargo, el Gobierno insiste en que este acercamiento no supone un giro en su doctrina de soberanía ni un retorno a esquemas de cooperación del pasado.
Según Justiniano, la ayuda en evaluación contempla provisión de equipos, asistencia técnica y posibles pruebas de confiabilidad para miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), además del intercambio de inteligencia con países vecinos y organismos internacionales. Bolivia, recordó, ya comparte información sobre incautaciones y operativos sin permitir la presencia de agentes extranjeros.
Datos oficiales indican que, en los primeros 90 días de la actual administración, se incautaron 5,3 toneladas de sustancias controladas, un 10 % más que en el mismo periodo del año anterior, además de centenares de detenciones y decomisos de bienes.
El Gobierno sostiene que estos resultados refuerzan su argumento de que la cooperación internacional puede darse sin comprometer el control nacional. Más allá del plano bilateral, el debate boliviano se inscribe en una discusión regional más amplia sobre la eficacia y los costos políticos de la estrategia antidrogas impulsada durante décadas por Estados Unidos. Al abrir la puerta a una cooperación limitada, pero fijar líneas rojas claras, Bolivia busca equilibrar la necesidad de colaboración internacional con un relato político anclado en la defensa de la soberanía, una posición que es observada con atención en América Latina.
