LA PAZ, 2 mar (El Libre Observador) — El Gobierno de Bolivia ha decidido responder con una medida excepcional a una crisis que comenzó como un problema técnico y terminó convertida en un pulso político y económico con la militarización de las refinerías de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El presidente Rodrigo Paz Pereira aseguró que la desestabilización en la calidad de la gasolina no fue un error ni una negligencia, sino un “acto deliberado de sabotaje” contra una de las empresas estratégicas del país.
En un mensaje grabado y difundido por medios oficiales, Paz anunció el despliegue inmediato de las Fuerzas Armadas de Bolivia en las instalaciones de YPFB. La presencia militar, explicó, busca proteger plantas consideradas vitales para la economía nacional y evitar nuevas interferencias internas.
El presidente habló de un “esquema” detectado desde el inicio de su gestión y defendió la medida como una acción “en defensa de la patria” y de los trabajadores de la estatal.
La crisis se incubó en silencio, pero estalló en las calles. Durante semanas, conductores y transportistas denunciaron fallas mecánicas atribuidas a la gasolina, mientras crecían las sospechas sobre la cadena de producción y distribución del combustible.
Las protestas y reclamos pusieron en cuestión la capacidad del Estado para garantizar un suministro seguro, en un país donde la energía sigue siendo un pilar de la estabilidad social.
Junto al resguardo militar, el Gobierno anunció dos medidas complementarias. La primera es de carácter técnico: desde este martes se incorporarán aditivos estabilizantes antioxidantes a la gasolina. Según Paz, se trata de una mejora inédita que protege los motores y eleva la calidad del combustible sin aumentar su precio, un punto clave en un contexto regional marcado por la inflación y el encarecimiento de los carburantes.
La segunda medida apunta a contener el malestar ciudadano. El Ejecutivo habilitó un mecanismo de registro para los propietarios de vehículos afectados, que canalizará los reclamos a través de sistemas estatales como el B-Sisa, el SOAT y el Segip. La promesa oficial es ordenar los casos, evaluar daños y avanzar hacia eventuales compensaciones.
Sin dar nombres, el presidente aseguró que los responsables del presunto sabotaje ya fueron identificados y que enfrentarán a la justicia. El mensaje fue tajante: no habrá marcha atrás ni tolerancia frente a quienes —según el Gobierno— intentaron socavar la confianza en YPFB y generar inestabilidad.
