LA PAZ, 15 dic (El Libre Observador) — Bolivia vive este domingo una jornada histórica con la apertura de las urnas para las elecciones judiciales, la tercera de este tipo en su historia. En un ambiente marcado por tensiones políticas y una economía en dificultades, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, dio inicio al proceso desde la sede del órgano electoral en La Paz.
Sin embargo, el evento no está exento de desafíos: la votación se realiza de manera parcial debido a fallos recientes del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que han afectado el desarrollo normal de los comicios.
«Estas elecciones son más complejas que las anteriores debido a un contexto político, social y económico desafiante para toda la población», afirmó Hassenteufel durante la ceremonia de inauguración, acompañado de observadores internacionales y representantes de diversas instituciones.
Más de 7,3 millones de bolivianos están llamados a las urnas para elegir 19 de los 26 magistrados que ocuparán cargos clave en el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Órgano Judicial.
Las restricciones implementadas incluyen la suspensión del transporte público, la prohibición de actividades comerciales y el consumo de alcohol, medidas destinadas a garantizar el orden y la seguridad durante el proceso electoral.
En total, se han habilitado 597 recintos de votación con 33.019 mesas de sufragio, bajo la vigilancia de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El proceso, que comenzó a las 08:00, se extenderá por ocho horas continuas.
Uno de los principales desafíos del TSE es revertir la tendencia de los altos índices de votos blancos y nulos que han caracterizado las elecciones judiciales previas. En los comicios de 2011, estos alcanzaron el 57 %, y en 2017 subieron al 65 %, evidenciando un creciente desencanto ciudadano hacia el sistema judicial.
Hassenteufel expresó su esperanza de que esta vez los resultados sean más positivos, aunque reconoció que las circunstancias actuales podrían dificultar ese objetivo.
El trasfondo económico del país añade una dimensión crítica al proceso. Con un déficit fiscal proyectado en el 7,3 % del PIB y desafíos de liquidez en el sistema financiero, la coyuntura económica afecta la percepción ciudadana sobre la eficiencia de las instituciones públicas.
Además, la naturaleza parcial de estas elecciones, resultado de un fallo constitucional que fue calificado por el TSE como una violación del principio de preclusión, ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.
En disputa están cinco cargos para el Tribunal Agroambiental, tres para el Consejo de la Magistratura, cuatro para el Tribunal Constitucional Plurinacional y siete para el Tribunal Supremo de Justicia. Estas autoridades serán responsables de decisiones trascendentales para el país, en un contexto donde la independencia del poder judicial y su credibilidad han estado bajo escrutinio constante.
La jornada electoral no solo representa una prueba para el sistema democrático de Bolivia, sino también una oportunidad para que los ciudadanos expresen su confianza o desencanto hacia un sistema que atraviesa una de sus etapas más críticas.
