TARIJA, 16 dic (El Libre Observador) — El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha sido imputado formalmente por la Fiscalía bajo los cargos de trata de personas y estupro agravado, en un caso que ha conmocionado al país.
La fiscal departamental Sandra Gutiérrez confirmó este lunes que se ha emitido una orden de aprehensión contra el líder histórico del Movimiento Al Socialismo (MAS), junto con una alerta migratoria para evitar su posible fuga del territorio boliviano.
La investigación, que data de 2015, apunta a que Morales habría sostenido una relación con una menor de 15 años que resultó embarazada mientras ejercía la presidencia del Estado Plurinacional.
Según la fiscal, el caso cuenta con “suficientes indicios de probabilidad de autoría” y está siendo tratado como una prioridad para el Ministerio Público, pese a las dificultades logísticas para ejecutar la orden de captura.
“Se han realizado esfuerzos para notificar al señor Morales en el domicilio registrado en Villa Tunari, pero no se encontró a nadie en el lugar. Esto, junto con las agresiones y amenazas recibidas por parte de allegados al acusado, será incluido en los informes finales”, explicó Gutiérrez en una conferencia de prensa.
El impacto de este caso trasciende el ámbito judicial. Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, ha sido una figura central del movimiento indígena y campesino, así como un actor determinante en la política nacional.
La imputación y la orden de aprehensión no solo ponen en riesgo su legado, sino que también profundizan las divisiones internas en el MAS, entre el sector “evista” y el ala que respalda al actual presidente Luis Arce.
Desde el anuncio de la Fiscalía, los sectores afines a Morales han denunciado una supuesta persecución política. Sin embargo, Gutiérrez subrayó que el proceso se lleva a cabo con absoluta imparcialidad: “Nuestro deber es garantizar justicia para todas las víctimas, sin importar el rango o la influencia del imputado”.
El caso de trata de personas y estupro agravado está tipificado en la legislación boliviana con penas de 10 a 15 años de cárcel. Las autoridades han señalado que, además de Morales, la madre de la presunta víctima enfrenta medidas judiciales, mientras que el padre de la entonces menor se encuentra en detención preventiva en una cárcel de Tarija.
Este episodio también podría tener repercusiones económicas. Morales lidera actualmente las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, una organización que agrupa a productores de hoja de coca, un sector que representa una importante base de ingresos para el MAS.
Su posible debilitamiento podría alterar la estabilidad económica de regiones clave en el país y reconfigurar el panorama político en vísperas de las elecciones generales de 2025.
La fiscalía ha enfrentado múltiples desafíos en el avance de este caso. Según Gutiérrez, la orden de captura emitida el 16 de octubre aún no ha sido ejecutada debido a complicaciones logísticas y falta de cooperación de ciertas instituciones. A pesar de estos obstáculos, aseguró que el Ministerio Público continuará trabajando para garantizar que la justicia prevalezca.
