LA PAZ, 2 jun (El Libre Observador) — En filas compactas y al grito de “¡basta de hambre!”, miles de vecinos de El Alto, campesinos del altiplano y comerciantes avanzaron por las calles del corazón político de Bolivia para exigir soluciones urgentes ante una crisis económica que ya se ha vuelto insoportable para amplios sectores de la población.
La jornada, cargada de tensión y visiblemente multitudinaria, paralizó el tráfico vehicular, cerró negocios y expuso con crudeza el malestar que se extiende en los barrios populares y zonas rurales del altiplano paceño.
En la Plaza San Francisco —epicentro tradicional de la protesta social en Bolivia— confluyeron columnas de manifestantes que habían recorrido al menos seis kilómetros desde la Ceja de El Alto, en una movilización que simbolizó el colapso no solo físico sino también emocional de quienes dicen haber llegado al límite.
“Ya no hay trabajo, no hay plata, no hay gasolina. Estamos jodidos”, resumió sin rodeos David Mamani, dirigente de los Ponchos Rojos, organización aymara histórica del altiplano paceño, al frente de una columna de campesinos con sombreros de ala ancha, banderas wiphalas y pancartas que reclamaban dignidad, alimentos y soluciones.
“Esta no es una marcha política —aclaró—, es una marcha de hambre. El pueblo alteño ya está emputado”.
La escena se replicaba en otros puntos de la ciudad: marchas simultáneas de gremiales, feriantes y pequeños comerciantes tomaron las principales arterias del centro paceño con gritos que mezclaban desesperación y desafío.
El líder de una de las principales federaciones del comercio informal de La Paz, Zenón Yupanqui, sostuvo que la crisis de desabastecimiento ya golpea directamente los bolsillos populares. “El arroz ha subido una barbaridad, el aceite no aparece, hasta el huevo está carísimo. ¿Qué vamos a vender si no hay mercadería? No hay gasolina, no hay diésel, no hay dólares”, denunció ante periodistas.
La economía informal, columna vertebral del empleo urbano en Bolivia, está sintiendo los efectos de la escasez de divisas y combustibles, cuyas consecuencias se multiplican en la cadena de abastecimiento. Microempresarios y artesanos han visto caer sus ingresos, y muchos han cerrado puestos por falta de insumos básicos. El malestar, aseguran, ya no es coyuntural sino estructural.
En medio del colapso del centro urbano, la Policía Boliviana desplegó unidades antimotines para evitar altercados, aunque sin intervenir directamente. Hasta el cierre de la jornada no se reportaron enfrentamientos ni detenciones, pero el Gobierno mantiene en reserva un plan de contingencia ante eventuales radicalizaciones.
“Este Gobierno no escucha, no siente. Parece que no tiene sangre en las venas”, dijo Hugo Romano, segundo secretario de la Federación de Gremiales de El Alto, al borde de la indignación. El dirigente advirtió que, si no hay respuestas inmediatas, las movilizaciones podrían escalar en los próximos días.
El reclamo no es uniforme pero sí contundente: acceso a productos básicos, control del alza de precios, abastecimiento de carburantes y estabilización del tipo de cambio. Todas demandas que el Gobierno de Luis Arce enfrenta con una economía debilitada, reservas internacionales menguadas y crecientes divisiones políticas internas.
En las calles de La Paz, sin embargo, la lectura es menos técnica y más urgente: “Queremos comer, queremos trabajar, no queremos promesas”, se leía en un cartel improvisado que una mujer sostenía con una mano mientras, con la otra, vendía mandarinas entre la multitud.
Aunque el Ejecutivo no emitió un pronunciamiento oficial sobre las protestas, fuentes cercanas al Ministerio de Economía reconocieron a medios locales que los problemas de liquidez y abastecimiento persisten, y que se evalúan medidas para mitigar el impacto social. Sin embargo, desde los sectores movilizados se anticipa que las protestas continuarán.
La Paz, nuevamente, ha servido como termómetro de un país que atraviesa una tormenta económica con consecuencias sociales cada vez más visibles. Las imágenes del día —una ciudad tomada por sus propios ciudadanos— revelan que el malestar va mucho más allá de los gremios y se convierte en una expresión colectiva de hartazgo ante un sistema que, según los manifestantes, ya no da respuestas.
