LA PAZ, 16 jun (El Libre Observador) — En la fértil región andina de Bolivia, donde aún se cosechan papas con las manos hundidas en tierra húmeda, la canciller Celinda Sosa quiso hablar más como agricultora que como diplomática. “Bolivia todavía goza del privilegio de tener seguridad alimentaria”, dijo. Su afirmación, sin embargo, contrastó con la advertencia que llegó desde el corazón de Naciones Unidas.
Un reciente informe conjunto de la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) colocó a Bolivia entre los países que requieren vigilancia por posible inseguridad alimentaria aguda entre junio y octubre de 2025.
El documento señala que la inflación persistente, el debilitamiento de las reservas internacionales y la escasez de combustible están erosionando el poder adquisitivo y comprometiendo las capacidades productivas, especialmente en el sector agrícola.
La reacción del Gobierno fue inmediata y contundente. “Me sorprende esa posición. Yo soy del campo y veo producción, precios bajos en tomate, en papa…”, respondió Sosa, en un tono más de comunera que de canciller. Lo dijo desde una Bolivia tensionada, con rutas bloqueadas por sectores afines al expresidente Evo Morales, estaciones de servicio con colas por combustible y una economía que empieza a sentir el rigor de sus límites fiscales y monetarios.
AGRICULTURA BAJO PRESIÓN
El informe de la ONU apunta con preocupación a la próxima campaña agrícola. Tras una cosecha de maíz menor al promedio en 2024, el temor es que la falta de diésel —clave para maquinaria y transporte rural— impida sembrar en tiempo y forma.
Esto podría agravar la situación alimentaria en zonas vulnerables, donde la autosuficiencia se ha visto golpeada por el alza del costo de vida.
Los productores del oriente boliviano, particularmente los pequeños agricultores, alertan desde hace meses que la falta de combustible y la ralentización en las importaciones afectan la cadena productiva. Pero en el altiplano, donde la subsistencia aún se cultiva con técnicas tradicionales, el relato es otro. Ahí se percibe menos escasez y más incertidumbre.
UNA CRISIS CONTENIDA, POR AHORA
Para el Gobierno de Luis Arce, la seguridad alimentaria sigue siendo una línea roja política y simbólica. Fue precisamente la capacidad de producir alimentos básicos lo que sostuvo al país durante los momentos más duros de la pandemia, cuando las fronteras se cerraron y las importaciones se detuvieron. “No hemos dejado de producir ni en los peores momentos”, insiste Sosa.
Sin embargo, el contexto es otro. Bolivia atraviesa un periodo de presión económica, con reservas internacionales en su nivel más bajo en más de una década, una inflación contenida a costa de subsidios y una creciente informalidad que tensiona el mercado laboral. Las finanzas públicas, según analistas, se sostienen con alfileres, mientras el país busca liquidez para mantener su modelo económico.
En este panorama, la alimentación no es aún un problema visible en los mercados, pero sí un riesgo en el horizonte. La ONU no habla de hambruna inmediata, sino de alerta temprana: condiciones que, de no atenderse, pueden escalar rápidamente en entornos frágiles.
ENTRE EL CAMPO Y EL DISCURSO
Bolivia, tierra de cultivos en terrazas y ferias campesinas, no parece encajar fácilmente en las imágenes más duras de la inseguridad alimentaria. Pero las cifras, la presión internacional y las señales de alerta obligan a mirar más allá de los anaqueles. La seguridad alimentaria es más que producción: es acceso, distribución, disponibilidad y estabilidad.
Por ahora, el Gobierno se aferra al discurso de la autosuficiencia. Y Sosa, con voz de hija del agro, pide no alarmar: “Todavía tenemos el privilegio de producir lo que comemos”.
El tiempo dirá si esa confianza se sostiene en la próxima cosecha o si la advertencia de la ONU fue, como tantas veces, una campana que sonó antes de que alguien quiera escucharla.
