LA PAZ, 16 jun (El Libre Observador) — En una ceremonia sobria pero cargada de tensión política y mensajes, el presidente Luis Arce posesionó este lunes a Jessica Saravia como nueva ministra de Justicia y Transparencia Institucional, en reemplazo de César Siles, quien renunció tras verse envuelto en acusaciones no confirmadas de conspirar contra una magistrada electa del Tribunal Constitucional.
La ceremonia no solo marcó un cambio de autoridades: evidenció también la creciente fragilidad del gabinete presidencial en un año clave para el Gobierno. “Mi compromiso es trabajar incansablemente… somos leales siempre, y traidores nunca”, dijo Saravia, con una mezcla de solemnidad y determinación.
Su frase, lanzada con firmeza tras el juramento, resonó como una línea trazada en la arena, marcando distancia con su predecesor y reafirmando el discurso oficialista de unidad frente a la crisis.
El presidente Arce fue directo y elogió a la nueva ministra por su profesionalismo, recordó su trayectoria técnica y apeló a la experiencia compartida de “muchos años”.
Pero no evitó el subtexto. Mencionó que hay leyes pendientes en la Asamblea que deben reponerse —algunas marginadas, dijo, “por alguna razón”— y que esto había contribuido a la reciente salida del país del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La alusión pareció un mensaje dirigido tanto al Legislativo como al propio gabinete: la omisión tiene consecuencias.
Jessica Saravia no es una improvisada. Abogada de formación, con experiencia en la lucha anticorrupción, fiscalización del juego y calidad institucional, su carrera ha sido principalmente técnica, aunque profundamente ligada a las estructuras del Estado desde hace más de una década.
Fue viceministra en épocas del extinto Ministerio de Transparencia, y hasta este lunes, ocupó el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales. Su designación es leída como un intento de blindaje institucional frente a la turbulencia.
César Siles, quien hasta el sábado ocupaba el cargo, se fue alegando una renuncia “voluntaria”, aunque en su carta mencionó “rumores y acusaciones sin fundamento”. Según medios locales, su nombre habría aparecido en grabaciones en las que se discute la posible destitución de una magistrada, en medio de un contexto marcado por disputas entre órganos del Estado y tensiones dentro del oficialismo.
El gesto de Arce al solicitar al gabinete que “ayude en los temas pendientes” en el Ministerio no pasó desapercibido. La cartera de Justicia ha sido uno de los frentes más cuestionados, especialmente por la lentitud en la reforma judicial, la falta de independencia del sistema y los compromisos internacionales no cumplidos.
En un país donde el concepto de “lealtad” suele pesar más que el de mérito, la nueva ministra parece querer caminar sobre ambos pilares. Su perfil técnico y su cercanía al presidente la convierten en una figura de confianza en un entorno donde las lealtades internas del Movimiento al Socialismo (MAS) están siendo cada vez más puestas a prueba.
La justicia boliviana, considerada por amplios sectores como ineficiente y politizada, enfrenta uno de sus mayores desafíos: demostrar que puede renovarse sin caer en nuevos escándalos.
