LA PAZ, 31 jul (El Libre Observador) – El Gobierno de Bolivia insistió este jueves en que la deuda externa del país se mantiene en niveles “adecuados” y “sostenibles”, pese al creciente estrés fiscal, la escasez de divisas y el bloqueo de nuevos créditos en la Asamblea Legislativa.
En un momento de alta polarización política y de turbulencias económicas, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró esta semana que el endeudamiento boliviano está por debajo del promedio latinoamericano y que las obligaciones financieras están siendo cumplidas en tiempo y forma.
“Estamos en un nivel holgado de deuda externa. Representa el 25% del PIB nominal. Hemos hablado con inversionistas, calificadoras y organismos multilaterales, y todos coinciden en que es un porcentaje bajo”, declaró Montenegro en una rueda de prensa celebrada en La Paz.
El dato oficial sitúa la deuda externa pública del país en 13.806 millones de dólares, con un Producto Interno Bruto estimado en 55.117 millones para este año. La comparación regional es, en efecto, favorable a Bolivia: naciones como Brasil, Argentina o Colombia registran deudas externas que oscilan entre el 50 y el 80% de su PIB. No obstante, los analistas advierten que las cifras absolutas no explican por sí solas las tensiones internas que atraviesa la economía boliviana.

Un modelo bajo presión
Desde hace más de un año, Bolivia enfrenta un agudo desabastecimiento de dólares en el mercado local. Las reservas internacionales del Banco Central han descendido por debajo de los 1.500 millones de dólares —la mayoría en oro monetario—, mientras que los pagos por importación de combustibles, alimentos y otros bienes estratégicos siguen presionando la balanza comercial.
En paralelo, el estancamiento político ha impedido la aprobación de créditos internacionales por más de 1.300 millones de dólares, lo que ha ralentizado proyectos públicos y agravado la falta de liquidez. “Si la Asamblea hubiera aprobado esos créditos, los habríamos usado para comprar combustible y fortalecer las reservas”, lamentó Montenegro.
El trasfondo del conflicto es político: el Movimiento al Socialismo (MAS), partido oficialista, está dividido entre el bloque leal al presidente Luis Arce y el sector afín al expresidente Evo Morales. La ruptura interna ha paralizado buena parte del aparato legislativo y convertido cada votación económica en una disputa facciosa.

Más pagos, menos oxígeno
Según datos oficiales, Bolivia ha tenido que destinar este año más de 1.526 millones de dólares al servicio de la deuda externa, casi el doble de lo que pagaba en 2020. Aunque el Gobierno atribuye este aumento al contexto internacional —marcado por la subida global de tasas de interés—, el efecto interno es palpable: menos espacio fiscal para inversión, más presión sobre el tipo de cambio y un aumento de la percepción de riesgo país.
“Las condiciones de mercado cambiaron para todos, no solo para Bolivia. Las tasas están más altas, pero seguimos cumpliendo puntualmente”, afirmó el ministro, que busca tranquilizar a los acreedores y reforzar la narrativa de solvencia.
No todos comparten esa visión. Expertos del ámbito académico y exautoridades económicas señalan que el país ha entrado en una fase de vulnerabilidad creciente, donde la capacidad de pagar no solo depende del nivel de deuda, sino del acceso efectivo a divisas, del dinamismo exportador y de la estabilidad política.
Una narrativa que también se vota
A medida que se acercan las elecciones generales de 2025, el discurso sobre la deuda se politiza aún más. Mientras el Gobierno intenta demostrar que ha administrado con prudencia el financiamiento externo, sectores de la oposición y analistas críticos aseguran que el modelo basado en la expansión del gasto público y los subsidios ha llegado a un límite.
Para reforzar su tesis, Montenegro comparó la situación actual con la del año 2000: entonces, la deuda externa era de 4.460 millones de dólares, pero representaba el 53% de un PIB de apenas 8.400 millones. “Hoy la economía es más grande, más robusta y con menos dependencia relativa”, afirmó.
Sin embargo, el contexto es otro. La era de altos precios del gas —principal fuente histórica de ingresos para Bolivia— terminó, y el país se ha convertido en un importador neto de hidrocarburos. La sustitución del modelo exportador no ha ocurrido con la velocidad necesaria, y la inversión privada sigue estancada. El Gobierno, mientras tanto, intenta evitar cualquier señal de ajuste económico que pueda erosionar su base electoral.
La afirmación de que Bolivia tiene una “deuda holgada” busca ser un ancla de certidumbre en un entorno donde el dólar escasea, la gasolina se retrasa y los precios presionan desde abajo. Pero en el pulso entre los números y las percepciones, el desenlace parece depender menos de las estadísticas que del clima político y social de los próximos meses.


