LA PAZ, 31 jul (El Libre Observador) — El reloj político de Bolivia avanza con tics de incertidumbre. A menos de tres semanas de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto, una declaración del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha encendido el debate jurídico y político: no habrá sanciones para los partidos que decidan retirarse de la contienda, incluso si las papeletas ya están impresas.
Así lo confirmó el presidente interino del TSE, Óscar Hassenteufel, en su primera aparición pública tras una baja médica de seis días. La advertencia no solo pone en evidencia un vacío normativo en la ley electoral boliviana, sino que revela la fragilidad institucional que persiste en un escenario de alta fragmentación partidaria.
Las declaraciones llegan en un momento particularmente tenso. El Movimiento Renovación Nacional (Morena), la fuerza que impulsaba la candidatura presidencial de Eva Copa, aún no ha formalizado su salida de la contienda, pero su retiro parece inminente.
De consumarse, no solo dejaría al proceso electoral con un hueco simbólico, sino también con una serie de problemas técnicos difíciles de resolver. Los votos marcados para partidos que se retiren serán computados como nulos, advirtió el TSE, confiando —con cierto candor— en la “inteligencia del electorado” para no caer en esa trampa.
La polémica ha revelado un problema estructural: la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, aprobada en 2018 tras la reforma del sistema electoral, no prevé la figura del retiro voluntario de un partido en plena campaña.
“No hay norma aplicable”, resumió Hassenteufel, quien recordó que en las elecciones de 2020 ya se dieron casos similares sin consecuencias jurídicas claras. La situación ha obligado al TSE a improvisar en pleno proceso, mientras se discute si el vacío normativo debería resolverse por reglamento o por una futura reforma legislativa.
El vocal del TSE Gustavo Ávila admitió que el Tribunal está navegando sin brújula legal. “La normativa tiene este vacío, por eso vamos a analizar cuidadosamente el caso”.
A nivel operativo, las consecuencias son serias. Las papeletas ya fueron impresas con los logotipos de los partidos inscritos, y cualquier modificación supondría costos logísticos y financieros imposibles de asumir en tan corto plazo.
Algunos vocales del TSE, como Tahuichi Tahuichi, plantearon que los partidos que se retiren asuman los gastos de impresión, aunque dicha penalidad no tiene base legal. La solución, por ahora, es dejar que la papeleta circule tal como está y confiar en que los electores sepan cuáles son las candidaturas vigentes.
Bolivia llega así a la recta final de un proceso electoral con signos de desorganización institucional. La confianza en el TSE, aún golpeado por las turbulencias de 2019, no se ha recuperado del todo. La ambigüedad de las reglas y la falta de previsión ante escenarios posibles —como el retiro de partidos ya inscritos— debilitan la credibilidad del proceso.
A esto se suma un clima económico marcado por el estancamiento, la escasez de dólares y un creciente malestar social, factores que agravan la sensación de precariedad democrática.
