LA PAZ, 14 oct (El Libre Observador) — El escándalo del quebrado Banco Fassil, uno de los mayores colapsos financieros de la historia reciente de Bolivia, vuelve a agitar la escena política tras nuevas revelaciones que apuntan a empresarios y figuras vinculadas al poder cruceño.
Un extenso reportaje del diario argentino Perfil reveló que entre los implicados figuran Juan Pablo Velasco —hijo del exdirectivo condenado Álvaro Velasco y candidato a la vicepresidencia de Bolivia— y Tatiana Marinkovic, hermana del senador electo Branko Marinkovic, senador electo y exministro de Economía durante el nefasto gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
La investigación de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detalla un entramado de desvíos por más de 4.000 millones de bolivianos, movilizados entre 2018 y 2021 a través del conglomerado Santa Cruz Financial Group, que controlaba el banco. En la red figuran más de 50 empresarios que, según el informe, se beneficiaron de créditos vinculados, empresas fantasmas y transferencias irregulares a sociedades inmobiliarias.
El reportaje se reavivó tras las declaraciones del candidato Edmand Lara durante el reciente debate vicepresidencial, cuando acusó a JP Velasco de haber recibido dividendos del banco Fassil pese a negar cualquier vínculo. Lara presentó documentos y cheques por 364.850 bolivianos que —según afirmó— corresponden a pagos realizados al hoy candidato vicepresidencial de Jorge “Tuto” Quiroga.
«El señor Velasco le mintió al país cuando dijo que no recibió ni un centavo del banco Fassil», citó Perfil las palabras de Lara. La denuncia dio nueva vida a un caso que, pese a las condenas dictadas en 2024 contra seis altos ejecutivos, sigue rodeado de impunidad y de silencios selectivos dentro del empresariado cruceño.
El emblema del poder financiero cruceño
El diario argentino calificó al Fassil como “el emblema de la corrupción empresarial y política en Bolivia”. Antes de su intervención, en abril de 2023, la entidad era la cuarta más grande del país y había expandido sus operaciones con una agresiva política crediticia que, según las auditorías, violaba normas básicas del sistema financiero.
Los créditos se otorgaban sin garantías reales, con montos por encima de los límites legales y a favor de los propios accionistas. El resultado fue un agujero financiero superior a los 2.200 millones de bolivianos. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) intervino el banco el 26 de abril de 2023, traspasando su cartera a nueve entidades.
El colapso derivó en la pérdida de miles de empleos y en una crisis de confianza que afectó a todo el sistema financiero. Perfil recordó además que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) habrían perdido cerca de 2.000 millones de dólares invertidos en bonos del banco, afectando recursos de los trabajadores bolivianos.
La muerte del interventor y la sombra de la impunidad
Un mes después de la intervención, el caso tomó un giro trágico con la muerte del interventor Carlos Colodro, hallado sin vida en Santa Cruz. Las autoridades sostuvieron que fue un suicidio, pero la oposición denunció un posible encubrimiento. Desde entonces, el caso Fassil se convirtió en una herida abierta para la opinión pública boliviana, un símbolo de la impunidad y del peso político del empresariado regional.
En su análisis, Perfil recordó que durante el gobierno de Jeanine Áñez se aprobó la capitalización del banco, lo que permitió la entrada de nuevos socios, entre ellos Tatiana Marinkovic. La empresaria es investigada por su participación en la ampliación de capital del Fassil en ese periodo, mientras su hermano Branko consolidaba su influencia en la política boliviana como figura de la derecha liberal y hoy senador electo.
Entre el dinero y la política
Para Perfil, el caso Fassil “representa la fusión entre el dinero y la política”, un reflejo de cómo el poder económico cruceño logró mantener influencia incluso tras el colapso financiero. El medio señala que varios de los implicados continúan activos en empresas privadas y mantienen contratos con el Estado o vínculos con sectores políticos de oposición.
La investigación periodística concluye que el informe de la UIF muestra un patrón de concentración del crédito en un reducido grupo de empresarios vinculados al poder regional. “El caso Fassil sigue siendo la mayor metáfora del poder en Bolivia: dinero sin control, política sin límites y justicia sin alcance”, subraya Perfil.
