LA PAZ, 9 dic (El Libre Observador) — El Parlamento boliviano alcanzó este martes un conjunto de acuerdos considerados esenciales para destrabar la crisis institucional que afecta a entidades clave del Estado, en un encuentro convocado por el vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara. La cita reunió a todos los jefes de bancada, excepto al Movimiento Al Socialismo (MAS) de cinco miembros, que no asistió ni presentó justificación.
La reunión, realizada en la Vicepresidencia, definió una hoja de ruta para enfrentar la proliferación de acefalías en organismos estratégicos, acelerar procesos de designación pendientes y restablecer el funcionamiento pleno de la Justicia. En palabras de Lara, los acuerdos buscan evitar “más prórrogas indebidas” y retomar el rol constitucional del Parlamento en la renovación de autoridades.
Uno de los consensos más urgentes fue impulsar una ley corta excepcional destinada a permitir la operatividad del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), paralizado desde el cese de cinco magistrados que continuaban en funciones de forma prorrogada. La norma, que será tratada con prioridad en la Comisión de Constitución, tendrá carácter transitorio y regirá únicamente hasta la elección de nuevas autoridades.
“Nadie va a volver a gobernar por decretazo ni habrá suplencias discrecionales”, afirmó Lara. La senadora Tomasa Yarhui, de la alianza Libre, confirmó el acuerdo y estimó que la renovación de magistrados no debería demorarse más allá de junio de 2026. Actualmente solo cuatro permanecen en funciones: Paola Prudencio, Ángel Edson Dávalos, Amalia Laura Villca y Boris Arias López.
Otro punto central fue agilizar la elección del Contralor General del Estado. Lara adelantó que la comisión encargada revisará todo el proceso, cuestionado por presuntas irregularidades en gestiones anteriores. “Vamos a una renovación total. Los procesos pasados estuvieron manchados de corrupción”, afirmó.

Los acuerdos también abarcan la designación de directivos en instituciones que operan con autoridades interinas desde hace meses o incluso años, como el Banco Central de Bolivia, YPFB, la ASFI, la Gestora Pública y la Aduana Nacional. Lara insistió en que la etapa de interinatos debe concluir y que la selección debe basarse en criterios de meritocracia.
Sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el presidente legislativo informó que el proceso de calificación avanza y que se garantizará la elección de “los mejores profesionales”. Sin embargo, no hubo consenso respecto a la terna que debe remitir el Ejecutivo para completar la conformación del órgano electoral.
Los legisladores también acordaron reactivar las interpelaciones, una facultad constitucional paralizada desde meses atrás, y conformar comisiones mixtas para investigar presuntos hechos de corrupción de gestiones anteriores, incluido el último gobierno prorrorogado. El objetivo, señalaron, es “recuperar daños económicos para el Estado”.
Otro eje del entendimiento fue avanzar hacia la digitalización de trámites públicos para reducir la burocracia y combatir la corrupción administrativa, uno de los reclamos recurrentes de la ciudadanía y del sector privado.
Finalmente, la Asamblea decidió mantener el receso legislativo de fin de año tras más de seis semanas de sesiones continuas. En cuanto a tres créditos remitidos por el Ejecutivo, los legisladores solicitarán información técnica adicional sobre su destino y la capacidad de endeudamiento del país antes de aprobarlos. “No avalaremos créditos sin claridad sobre su uso”, aseguró Lara.
Los acuerdos, alcanzados sin la presencia del MAS, se interpretan como un intento del Parlamento de recuperar la iniciativa en medio de un clima político fragmentado y de presión creciente para superar la parálisis institucional. El cumplimiento efectivo de las medidas será clave para medir la solidez de este inesperado consenso multipartidario.


