Por Vladimir Huarachi Copa
LA PAZ, 3 feb (El Libre Observador) — Cualquiera podría pensar que, durante los primeros días en funciones luego de haber asumido sus cargos, los diputados y senadores de las distintas fuerzas políticas dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia estarían ya abocados a cumplir sus atribuciones y, además, a ejecutar los planes de trabajo legislativo que debieron haber delineado durante la larga campaña, dividida en dos momentos. Sin embargo, este escenario continúa postergándose, pues estos legisladores, no todos, pero sí una mayoría, aparentemente siguen conminados a vivir dentro de la llamada doctrina del shock.
¿Pero qué es lo que los ha llevado a entrar en este trance que, al parecer, ha destrozado el posible plan de trabajo legislativo que tenían antes de asumir sus cargos como diputados y senadores? Tal vez sea el hecho de que el presidente Paz haya iniciado su gestión con un manojo de decretos que habrían desmovilizado a los legisladores, cuando eran ellos quienes también debían cumplir, en coordinación con el Ejecutivo, la discusión necesaria para “ordenar” el país.
Es por ello que señalo que, al haber sido desplazados los legisladores, además del vicepresidente Lara, pareciera que, a día de hoy, este aislamiento ha repercutido en la capacidad de pensar de la mayoría, inclinándolos ahora con mayor facilidad ante las sugerencias o indicaciones de quienes los estén liderizando.
Este sería el primer golpe de shock, traducido en esos decretos de los cuales aún no han logrado recuperarse. Por esta razón, hoy puede decirse que ya se encuentran dentro de un segundo golpe de shock, de la mano del monto injustificable de sus salarios. Unos cuantos legisladores han hecho que la mayoría no se sienta afectada, de una u otra manera, como resultado de ese primer shock centrado en “sanar” la economía en crisis heredada del gobierno anterior de Arce.

Frente a este segundo shock se ha abierto un debate en torno a la reducción de sus salarios, entre quienes están de acuerdo y quienes no. Debate que, por un lado, aún está en curso y cuyo desenlace se desconoce; pero que, por otro, en la medida en que se vayan sumando organizaciones sociales a la demanda de reducción salarial, podría concretarse como un nuevo impacto para estos representantes electos.
Calificar este escenario como positivo o negativo para los actuales y futuros representantes del país en la Asamblea Legislativa Plurinacional es debatible. Lo cierto es que la reducción de los salarios de los legisladores, para el colectivo de la población, aparece como una medida necesaria, dado que estos representantes rozan los márgenes de la mediocridad, razón suficiente para estar de acuerdo con dicha reducción.
Asimismo, más allá de que esta medida se concrete o no, la actual condición de los legisladores constituye un peligro para la democracia en el contexto económico, cultural y político vigente; y, más aún, un riesgo para toda la población del país. De ahí el carácter urgente y drástico que adquiere esta medida para los representantes nacionales.
En consecuencia, mientras los legisladores continúan viviendo las dos etapas de un shock inducido por los decretos del presidente Paz y por la demanda de reducción de sus salarios, es posible que deban enfrentar una nueva arremetida de las organizaciones sociales en contra de la denominada “ley antibloqueos”.
En caso de que esta norma sea tratada, los legisladores enfrentarán un tercer shock: por un lado, la presión de las organizaciones sociales que se oponen a la ley; y, por otro, la de las instituciones del orden, cuyos efectivos estarán en primera línea para contrarrestar manifestaciones y bloqueos de carreteras. Esperemos, entonces, que pronto puedan salir del shock al que han sido inducidos.

