LA PAZ, 20 feb (El Libre Observador) — Bolivia dio este viernes el disparo de salida a su carrera subnacional con un gesto cargado de simbolismo democrático: el sorteo público y simultáneo de más de 200.000 jurados electorales en los nueve departamentos del país y la apertura oficial del periodo de campaña y propaganda en medios de comunicación.
El acto, coordinado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los Tribunales Electorales Departamentales (TED), marca el inicio formal de una contienda que culminará el 22 de marzo de 2026, cuando 7,4 millones de bolivianos estén habilitados para elegir a más de 5.000 autoridades entre gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales.
En total, 200.634 ciudadanos fueron designados como jurados, encargados de administrar las mesas de sufragio y garantizar el conteo transparente de los votos. “Pedimos a los ciudadanos que no se excusen, cumplamos el deber democrático”, declaró el presidente del TSE, Gustavo Ávila, en un llamado que revela tanto la importancia logística del sorteo como la necesidad política de fortalecer la confianza pública.
La escena, replicada de manera simultánea en todo el país, tiene una dimensión que trasciende lo administrativo. En Bolivia, donde la descentralización ha otorgado un peso creciente a gobernaciones y alcaldías, las elecciones subnacionales funcionan como un termómetro de la estabilidad nacional y un laboratorio de nuevos liderazgos.
La designación de jurados fue precedida por el nombramiento de 2.262 notarios electorales, responsables de custodiar el material, entregar papeletas y recibir los sobres de seguridad tras el recuento. Según explicó el secretario de cámara del TSE, Fernando Arteaga, estos funcionarios también atienden consultas ciudadanas el día de la votación, un engranaje clave en un sistema que depende de la participación cívica voluntaria.
No todo, sin embargo, refleja una maquinaria impecable. En el departamento de La Paz, el TSE asumió directamente el sorteo ante la falta de vocales en el tribunal departamental, un vacío institucional que expone las tensiones subyacentes en el aparato electoral.
Desde este viernes, los partidos y candidatos pueden difundir propaganda en medios tradicionales. Hasta ahora, la campaña se había movido en redes sociales, en una fase de baja intensidad donde aspirantes regionales tanteaban el humor ciudadano. Con la apertura formal, la contienda entra en una etapa más visible y, previsiblemente, más áspera.
El calendario avanza sin alteraciones, según la autoridad electoral, que confirmó la impresión en curso de las papeletas. La lista de jurados será publicada el domingo y quienes no puedan cumplir la función tendrán plazo hasta el 1 de marzo para presentar excusas ante los tribunales departamentales.
Más allá de la logística, el trasfondo político es evidente. Bolivia encara estas elecciones en un contexto de fragmentación y competencia interna entre fuerzas que buscan consolidar poder territorial. El resultado no definirá directamente el rumbo del Gobierno central, pero sí moldeará el equilibrio de fuerzas locales y la capacidad de gobernabilidad en un país donde el poder ya no se concentra exclusivamente en La Paz, sino que se disputa municipio por municipio.
El 22 de marzo no solo se elegirán autoridades regionales. Se pondrá a prueba la resiliencia de la arquitectura democrática boliviana, sostenida —como cada jornada electoral— por cientos de miles de ciudadanos anónimos que, por un día, se convierten en árbitros del destino político del país.
