LA PAZ, 30 mar (El Libre Observador) — La puerta de una residencia en un barrio residencial de La Paz se convirtió este lunes en el nuevo epicentro de una investigación que escala en la política boliviana. Fiscales y agentes policiales irrumpieron en la vivienda de un expresidente en el marco de un caso de presunta legitimación de ganancias ilícitas que tiene como principal investigado a su hijo, pero que ahora se expande a todo el entorno familiar.
El operativo, ejecutado por la Fiscalía de Santa Cruz y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), no es un hecho aislado. Es parte de una pesquisa que ha ido creciendo en complejidad y que apunta a un presunto circuito de dinero de origen irregular vinculado a contrataciones en la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Según los investigadores, los recursos obtenidos habrían sido canalizados hacia el sector agroindustrial, en un intento de darles apariencia legal. La hipótesis fiscal se sustenta en un análisis económico-patrimonial que detectó movimientos financieros incompatibles con los ingresos declarados por los implicados, así como en un patrón de transacciones consideradas sospechosas.
El caso no solo se construye en torno a cifras. También sigue la ruta de los desplazamientos. Registros migratorios incorporados al expediente muestran que uno de los hijos del exmandatario realizó desde 2019 múltiples viajes a destinos como Panamá, Paraguay y Estados Unidos, países donde se presume pudo establecer operaciones o inversiones relacionadas con los fondos bajo sospecha.
Mientras tanto, el hijo investigado cumple detención preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz. El expresidente, por su parte, ya se encontraba recluido desde diciembre de 2025 en la cárcel de San Pedro, en La Paz, por un proceso distinto vinculado al denominado caso Fondo Indígena. Ahora, su nombre vuelve a aparecer en una investigación que amenaza con profundizar su situación judicial.
La Fiscalía no descarta convocarlo a declarar dentro del penal, en una señal de que el caso podría seguir escalando. De hecho, las autoridades han confirmado que la investigación alcanza a varios miembros de la familia, en un expediente que combina presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos, operaciones financieras bajo sospecha y posibles conexiones internacionales.
El allanamiento tiene, además, un peso simbólico. En un país donde la justicia y la política suelen entrelazarse, la imagen de agentes ingresando a la vivienda de un exjefe de Estado reaviva el debate sobre la rendición de cuentas de las élites y la utilización del aparato judicial en escenarios de alta tensión política.
Por ahora, el caso sigue en fase de recolección de pruebas. Pero el mensaje es claro: la investigación ya no se limita a un individuo. Ha entrado en el terreno más sensible del poder, donde las responsabilidades personales se cruzan con las redes familiares y las estructuras del Estado.
