LA PAZ, 6 abr (El Libre Observador) — En Bolivia, donde la política suele desplazarse con facilidad desde las urnas hasta los tribunales, una carta escrita desde prisión ha vuelto a encender las tensiones. El expresidente Luis Arce Catacora denunció este lunes ser víctima de “tortura psicológica” en la cárcel de cárcel de San Pedro y se declaró “preso político” del Gobierno de Rodrigo Paz, en un mensaje que combina defensa personal, denuncia institucional y advertencia política.
El exmandatario, detenido preventivamente desde diciembre de 2025 por presuntos delitos vinculados al caso Fondo Indígena, sostiene que su encarcelamiento no responde a un proceso judicial regular, sino a una operación de carácter político. “Fui privado de libertad sin orden legal de aprehensión”, afirma en la carta, en la que califica su detención como “un secuestro al margen de la ley”. La acusación no es menor en un país donde la legitimidad del sistema judicial ha sido objeto de cuestionamientos recurrentes.
Arce asegura que nunca fue notificado de un proceso en su contra y que, pese a haber manifestado su disposición a comparecer ante la justicia, fue detenido sin garantías básicas. Desde entonces —según su relato— todas las solicitudes de su defensa han sido rechazadas, incluidas aquellas relacionadas con su estado de salud. Un cardiólogo habría recomendado exámenes que, afirma, no le han sido permitidos, lo que añade una dimensión de urgencia a su denuncia.
Las condiciones de su reclusión ocupan un lugar central en el documento. El exjefe de Estado describe un espacio sin condiciones mínimas de habitabilidad y relata episodios de vigilancia constante, con registros fotográficos y audiovisuales dentro del recinto penitenciario. Aunque estas prácticas habrían disminuido tras reclamos de su entorno, sostiene que continúan en áreas comunes del penal. “Estos hechos constituyen actos de tortura psicológica”, escribe, utilizando un lenguaje que busca trasladar el conflicto del plano judicial al de los derechos humanos.
La carta también alude al allanamiento reciente de su domicilio, interpretado por el exmandatario como parte de una estrategia para provocar su “muerte civil y política”. En ese punto, el tono se endurece: Arce habla de una “persecución política, mediática e institucional” y de una lógica de “venganza” que, a su juicio, revela un deterioro del Estado de Derecho.
El mensaje incluye un llamado directo a organismos nacionales e internacionales para que intervengan en la vigilancia del proceso. Reclama garantías para el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia judicial, pilares que, según denuncia, han sido erosionados en su caso. “Yo no he robado, yo no he matado, yo no he mentido al pueblo boliviano”, afirma, en una frase que busca reconstruir su legitimidad ante la opinión pública.
Más allá del expediente judicial, la denuncia vuelve a situar a Bolivia en un terreno conocido: el de la confrontación política trasladada a los estrados judiciales. La cárcel de San Pedro, escenario recurrente de episodios de alta carga simbólica, se convierte nuevamente en un espacio donde se cruzan relatos de poder, justicia y victimización.
