LA PAZ, 29 abr (El Libre Observador) — La Paz despierta entre marchas que avanzan desde la periferia y bloqueos que tensan las rutas de los Yungas. En las últimas horas, la protesta ha dejado de ser un mosaico de demandas dispersas para convertirse en un pulso político que el Gobierno interpreta de algo más profundo como es “un plan de desestabilización en ciernes”.
Desde la sede del Ejecutivo, la respuesta ha sido clara y sin matices. En su primera aparición antes los medios de prensa, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, advirtió que en Bolivia “está en curso un proceso conspirativo”, una lectura que eleva el conflicto social a un terreno donde se cruzan la gobernabilidad, la herencia política y la disputa por el rumbo del país.
El mensaje no es solo defensivo. También marca una línea de resistencia. El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira descarta ceder el mandato popular recibido en 2025, un mandato que, según su narrativa, apunta a desmontar las estructuras que dejó casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS).
“Hay raíces profundas que no se quieren ir”, dijo Gálvez, en una frase que condensa la tensión de fondo: un cambio político que busca consolidarse frente a sectores que, a juicio del oficialismo, resisten desde dentro y fuera del aparato estatal.
En las calles, sin embargo, las motivaciones son más inmediatas. En Caranavi, en los Yungas del norte paceño, transportistas e interculturales mantienen bloqueos y exigen la renuncia del presidente. Más cerca de La Paz, una columna de maestros avanza desde Calamarca, acompañada por la Central Obrera Boliviana (COB), con un pliego que combina demandas salariales y la exigencia de una jubilación plena.
El conflicto no se detiene allí. Desde la Amazonía, campesinos e indígenas marchan hacia la capital en rechazo a normas sobre la propiedad agraria, mientras en Santa Cruz los transportistas afinan un paro escalonado que amenaza con paralizar el flujo económico del país en reclamo por combustible y compensaciones.
La simultaneidad de las protestas dibuja un mapa de presión múltiple que pone a prueba la capacidad de respuesta del Gobierno. Para el Ejecutivo, no se trata de coincidencias, sino de una convergencia con intencionalidad política. “Se busca generar convulsión”, insistió Gálvez.
Pero la lectura oficial convive con otra realidad: la de un país donde las tensiones económicas, la fragilidad de los servicios básicos y la expectativa de cambios rápidos alimentan el descontento. El aumento salarial ya otorgado, las restricciones fiscales y los problemas en el abastecimiento de combustible han dejado al Gobierno con poco margen para concesiones.
En ese escenario, el diálogo aparece como una salida necesaria, aunque condicionada. El Ejecutivo asegura que está dispuesto a escuchar, pero no a retroceder en su agenda. “No vamos a ceder en el mandato popular”, repiten desde el poder.
Apenas un poco más de cinco meses después de asumir, Paz enfrenta así su primera gran prueba. No es solo una crisis de protestas, sino un momento definitorio en el que se juega la viabilidad de su proyecto político. Entre la presión de la calle y la narrativa de conspiración, Bolivia entra en una fase donde cada decisión puede inclinar el equilibrio entre estabilidad e incertidumbre.
