LA PAZ, 2 jun (El Libre Observador) — Después de más de un mes de protestas, carreteras bloqueadas, escasez de combustibles y alimentos, enfrentamientos y una creciente tensión política, la crisis boliviana ha comenzado a ser observada con preocupación desde fuera de sus fronteras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó este martes una de las advertencias más contundentes emitidas hasta ahora por un organismo internacional sobre la situación del país y pidió al Gobierno y a los sectores movilizados que vuelvan a sentarse a dialogar antes de que el conflicto provoque daños aún más profundos.
La alerta llega cuando Bolivia atraviesa uno de los episodios de mayor conflictividad desde la crisis política de finales de la década pasada. Lo que comenzó en mayo como una protesta contra medidas económicas terminó transformándose en una movilización nacional que mezcla demandas sociales, reclamos por el deterioro del poder adquisitivo y exigencias políticas que incluyen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Para la CIDH, el problema ya no puede entenderse únicamente como una disputa entre el Gobierno y los sectores movilizados. La prolongación del conflicto ha comenzado a tener consecuencias directas sobre derechos fundamentales de millones de personas.
En su evaluación, el organismo identifica un escenario marcado por una profunda crisis económica, una creciente polarización política y una pérdida de confianza entre amplios sectores indígenas y campesinos y las instituciones estatales. A ello se suman problemas históricos que, según la Comisión, reaparecen en momentos de tensión social, como el racismo estructural y las distintas formas de exclusión que persisten en el país.
La radiografía presentada por la CIDH describe una Bolivia fragmentada. Las protestas, protagonizadas por sindicatos, organizaciones campesinas, sectores mineros, maestros y pueblos indígenas, se extendieron por gran parte del territorio nacional y derivaron en decenas de puntos de bloqueo, especialmente en La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí.
Las consecuencias han sido visibles mucho más allá de las carreteras cortadas. La interrupción del transporte afectó el suministro de combustibles, alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal, dejando a varias ciudades bajo una creciente presión logística. En algunos casos, hospitales denunciaron dificultades para recibir insumos esenciales y familias enteras se enfrentaron a largas filas para abastecerse de productos básicos.
Sin embargo, el dato que más preocupa al organismo es el costo humano de la crisis. Según cifras recogidas por la Defensoría del Pueblo, al menos siete personas murieron en el contexto de las protestas y bloqueos. Algunas fallecieron por no haber recibido atención médica a tiempo debido a las restricciones de circulación. Otras perdieron la vida durante operativos o en circunstancias que continúan siendo investigadas por la Fiscalía.
La violencia tampoco se ha limitado a los enfrentamientos entre manifestantes y policías. La CIDH advierte sobre un clima de creciente confrontación social que incluye choques entre vecinos, amenazas de grupos civiles que buscan desbloquear carreteras por cuenta propia y denuncias de abusos contra personas indígenas y participantes de las movilizaciones.
La prensa también aparece entre las víctimas del deterioro. Periodistas y equipos de comunicación han sido objeto de agresiones, amenazas y hostigamientos durante la cobertura de los acontecimientos. Golpes, pedradas, lesiones provocadas por explosivos artesanales y afectaciones derivadas del uso de gases lacrimógenos forman parte de los incidentes documentados por organismos de derechos humanos.
A pesar de la gravedad del panorama, la CIDH evita colocarse en uno de los bandos del conflicto. Por un lado, recuerda que la protesta social es un derecho legítimo y una herramienta esencial de participación democrática. Por otro, advierte que los bloqueos prolongados pueden afectar derechos igualmente fundamentales cuando impiden el acceso a servicios de salud, alimentos o suministros básicos.
El mensaje central del organismo es que ninguna de las partes podrá resolver la crisis por la vía de la imposición. La Comisión insiste en que el Estado debe actuar bajo criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, reservando el uso de la fuerza como último recurso. Al mismo tiempo, exige a los sectores movilizados adoptar medidas que permitan el funcionamiento de corredores humanitarios para ambulancias, personal médico y provisiones esenciales.
La advertencia de la CIDH tiene una dimensión que trasciende la coyuntura inmediata. El organismo considera que la crisis actual es también el reflejo de problemas estructurales que Bolivia arrastra desde hace décadas y que resurgen cada vez que el sistema político enfrenta momentos de tensión extrema.
Por ello, además de reclamar una salida urgente al conflicto, la Comisión exhortó al país a retomar las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tras la crisis de 2019, especialmente aquellas relacionadas con el fortalecimiento del diálogo intercultural, la lucha contra la discriminación y la construcción de mecanismos institucionales capaces de prevenir nuevos episodios de confrontación.
Mientras tanto, Bolivia continúa atrapada en un conflicto que ya no se mide únicamente por la cantidad de carreteras bloqueadas o por el número de manifestantes movilizados. Lo que está en juego, advierte la CIDH, es la capacidad del país para reconstruir la confianza entre sectores enfrentados y evitar que una crisis política se convierta en una fractura social de consecuencias más profundas y duraderas.
