LA PAZ, 23 jun (El Libre Observador) — La imagen que Bolivia había esperado durante casi dos meses finalmente apareció esta semana con carreteras despejadas, camiones nuevamente en movimiento y un mapa vial sin puntos de bloqueo. Con las protestas desactivadas y el tránsito restablecido, el presidente Rodrigo Paz decidió este martes mantener el estado de excepción y convocar a un «encuentro nacional por la unidad», una señal de que el Gobierno considera que el conflicto terminó en las carreteras, pero no en el fondo de los problemas que lo originaron.
La decisión llega después de más de 50 días de movilizaciones que comenzaron con reclamos salariales y demandas económicas, y terminaron convirtiéndose en un desafío político de gran magnitud para la nueva administración. Durante semanas, los bloqueos aislaron ciudades, paralizaron el transporte de mercancías y pusieron a prueba la capacidad del Estado para garantizar el abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos.
El país que observa hoy el Ejecutivo es muy distinto al que enfrentó las primeras protestas de mayo. Las carreteras han sido liberadas, pero las heridas económicas permanecen abiertas. Miles de transportistas acumulan pérdidas, las industrias intentan recuperar cadenas de suministro interrumpidas y amplios sectores productivos calculan el costo de una crisis que se convirtió en una de las más largas de los últimos años.
Paz eligió un mensaje de firmeza y reconstrucción. «Bolivia se tiene que ordenar», afirmó al justificar la continuidad del estado de excepción, una medida que comenzó a aplicarse el fin de semana y que permitió el despliegue coordinado de policías, militares y equipos de emergencia para recuperar el control de las rutas.
El mandatario no habló de plazos ni de una fecha para levantar las restricciones extraordinarias. Tampoco detalló qué medidas concretas tomará el Gobierno para evitar que episodios similares vuelvan a repetirse. Su mensaje se concentró en una idea central: el país necesita recuperar gobernabilidad después de semanas en las que el pulso político pareció trasladarse de las instituciones a los bloqueos.
La frase más contundente de la jornada fue también una declaración de victoria. «El bloqueo ha sido derrotado», sostuvo el presidente. La afirmación refleja la lectura oficial de una crisis en la que el Gobierno logró recuperar la transitabilidad sin que se produjera una escalada de violencia de gran magnitud, pero que al mismo tiempo dejó al descubierto el profundo malestar social que atraviesa amplios sectores del país.
Por eso, el anuncio más relevante quizá no fue la continuidad del estado de excepción, sino la convocatoria a un «encuentro nacional por la unidad». La propuesta busca reunir a actores políticos, sociales y económicos para discutir una salida de largo plazo a una crisis que evidenció las fragilidades de Bolivia en un momento especialmente delicado.
La apuesta del Ejecutivo es ambiciosa. Pretende pasar de la lógica de confrontación a una de reconstrucción. Según explicó Paz, la agenda incluirá tres asuntos urgentes: garantizar el abastecimiento de combustibles, evaluar los daños provocados por las semanas de conflicto y diseñar medidas para reactivar una economía golpeada por la paralización.
Detrás de esos objetivos aparece una preocupación más profunda. Los bloqueos no solo interrumpieron carreteras; también revelaron el nivel de desconfianza acumulado entre el Gobierno y diversos sectores sociales. El conflicto dejó en evidencia que las tensiones económicas continúan siendo un terreno fértil para la protesta y que la estabilidad política sigue dependiendo, en gran medida, de la capacidad de negociación entre el Estado y las organizaciones sociales.
En ese contexto, la continuidad del estado de excepción encierra una paradoja. Mientras las rutas vuelven lentamente a la normalidad, el país permanece bajo una medida extraordinaria concebida precisamente para enfrentar una situación excepcional. El Gobierno argumenta que todavía es necesario consolidar el orden. Sus críticos podrían interpretar la decisión como una señal de cautela ante la posibilidad de que las tensiones resurjan.
