LA PAZ, 12 may (El Libre Observador) — El Gobierno del presidente Rodrigo Paz desató una nueva controversia política tras designar como viceministro de Seguridad Ciudadana al general retirado Rodolfo Antonio Montero Torrico, excomandante de la Policía boliviana durante el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020) y procesado por el caso denominado masacre en Sacaba y Senkata en 2019.
El nombramiento, oficializado la pasada semana por el Ministerio de Gobierno, reactivó uno de los capítulos más sensibles y polarizantes de la crisis política boliviana posterior a la salida de Evo Morales del poder, cuando operativos policiales y militares terminaron con decenas de muertos y cientos de heridos en las localidades de Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en la ciudad de El Alto.
Montero asumió el cargo de viceministro de Seguridad Ciudadana pese a enfrentar procesos judiciales vinculados a esos hechos, investigados en Bolivia bajo figuras penales como genocidio, homicidio y lesiones graves.
Familiares de las víctimas y sectores defensores de derechos humanos cuestionaron en reiteradas ocasiones que exautoridades involucradas en esos operativos vuelvan a ocupar funciones públicas mientras los procesos judiciales continúan abiertos.
La designación provocó además una fuerte reacción en redes sociales, donde opositores, activistas y usuarios debatieron sobre el mensaje político que busca transmitir el Gobierno con el retorno de una figura asociada a uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente del país.
Sectores críticos interpretaron el nombramiento como una señal de endurecimiento del Ejecutivo en materia de seguridad y control del conflicto social, en momentos en que Bolivia atraviesa una nueva ola de protestas, bloqueos y movilizaciones sindicales contra la administración de Paz.
Montero fue comandante general de la Policía durante parte del Gobierno transitorio de Áñez y llegó incluso a permanecer encarcelado preventivamente dentro de las investigaciones por las muertes registradas en Sacaba y Senkata, casos que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificaron como graves violaciones a los derechos humanos.
Las masacres de Sacaba y Senkata dejaron más de una treintena de fallecidos durante los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes en noviembre de 2019, en medio de la crisis política desatada tras la renuncia de Evo Morales.
Hasta el momento, el Gobierno boliviano no ofreció mayores explicaciones sobre los criterios que llevaron a la designación de Montero ni respondió a las críticas surgidas tras su posesión.
La polémica emerge además en un contexto de creciente tensión política y social en Bolivia, donde la administración de Paz enfrenta protestas sindicales, bloqueos de carreteras y cuestionamientos desde sectores oficialistas y opositores sobre el rumbo político y económico del país.
