LA PAZ, 8 jul (El Libre Observador) — La explicación del Gobierno boliviano sobre las persistentes filas para cargar combustible ya no convence a quienes dependen del diésel para mantener en movimiento la economía. Mientras la petrolera estatal YPFB atribuye las demoras a controles de calidad y problemas de distribución, el transporte pesado internacional sostiene una versión mucho más inquietante: el Estado no dispone de recursos suficientes para importar los combustibles que demanda el país.
La afirmación, lanzada este martes por el presidente de la Asociación de Transporte Pesado Internacional, Marcelo Cruz, refleja el creciente desgaste de una crisis que, lejos de disiparse tras el levantamiento de los bloqueos carreteros de mayo y junio, continúa afectando la logística, el comercio exterior y la actividad productiva.
«Hay una realidad y lamentablemente el Gobierno sigue mintiendo, sigue ocultando. No hay dinero, no hay suficiente dinero para poder comprar diésel y gasolina; la situación es crítica», afirmó el dirigente, quien desde hace meses denuncia las pérdidas económicas provocadas por las largas esperas en los surtidores.
Las declaraciones contrastan con el mensaje transmitido horas antes por YPFB. La estatal aseguró que el combustible ya se encuentra en territorio boliviano y atribuyó las filas a una «falta de fluidez» en la cadena de abastecimiento, causada por la aplicación de controles de calidad desde el ingreso de los carburantes hasta su distribución en las estaciones de servicio. La empresa incluso estimó que la normalización del suministro podría alcanzarse de manera gradual antes de finalizar julio.
Pero, para el transporte pesado, el problema no es logístico, sino estructural. Cruz sostiene que la dependencia de las importaciones, sumada a las restricciones financieras del Estado, ha dejado al país vulnerable frente a cualquier retraso en la compra de combustibles. Por ello, reclamó una nueva Ley de Hidrocarburos que abra mayores espacios a la inversión privada y extranjera en exploración y producción, con el objetivo de reducir la necesidad de importar diésel y gasolina.
El malestar no termina ahí. El dirigente cuestionó que algunos sectores productivos reciban suministro preferencial mientras miles de transportistas y pequeños productores permanecen durante días haciendo fila para abastecerse. «No puede ser que haya una preferencia. Todos necesitamos combustible para trabajar», reclamó.
La presión sobre YPFB también llegó desde las empresas encargadas de transportar los carburantes. La Federación de Empresarios Cisterneros del Oriente denunció que la petrolera estatal acumula deudas con el sector desde febrero y que los reiterados compromisos de pago no se han cumplido. Sus representantes realizaron una protesta frente a las oficinas de la empresa para exigir una mesa de diálogo y el desembolso de recursos pendientes.
Según el presidente de la federación, Sergio Kosky, además de las facturas impagas existen retenciones correspondientes a la gestión 2025 y tarifas que ya no reflejan el aumento de los costos operativos provocado por la depreciación de la moneda y el encarecimiento de los insumos. Pese a ello, aseguró que los cisterneros continuaron trasladando combustibles para evitar un desabastecimiento aún mayor.
Las denuncias llegan después de que el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, reconociera la pasada semana que Bolivia mantiene obligaciones superiores a los 500 millones de dólares con proveedores internacionales como Vitol y Trafigura, que abastecen al país bajo un esquema de financiamiento comercial con plazos de pago de hasta 120 días.
