LA PAZ, 27 jul (El libre Observador) — Durante la campaña prometieron un cambio profundo. Hablaron de reconstruir las instituciones, reducir el tamaño del Estado, recuperar la economía y dejar atrás casi dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS). Ocho meses después, el Gobierno de Rodrigo Paz empieza a ajustar el reloj de sus promesas. La transformación, admite ahora el Ejecutivo, será mucho más lenta de lo imaginado.
La confesión llegó este lunes de boca del vocero presidencial, José Luis Gálvez, en un momento en que la paciencia comienza a agotarse tanto dentro como fuera del Gobierno. Mientras empresarios reclaman señales económicas más contundentes y la oposición exige resultados concretos, el portavoz reconoció que el Ejecutivo esperaba avanzar con mayor rapidez, pero que la realidad política terminó imponiendo otro ritmo.
«Quisiéramos ir con mayor velocidad», afirmó, antes de recordar que la administración perdió meses enteros entre los bloqueos, los conflictos sociales y la parálisis institucional que marcaron el inicio del mandato. Según sus cálculos, Bolivia vivió al menos dos meses prácticamente detenida por las protestas y otro mes condicionado por un escenario político de equilibrio de fuerzas que dificultó la toma de decisiones.
No fue solo una explicación técnica. Fue, sobre todo, el reconocimiento de que el calendario político diseñado al llegar al poder ya no existe.
El Gobierno sostiene que intenta desmontar una estructura estatal consolidada durante casi veinte años de administraciones del MAS, una tarea que, según Gálvez, no puede resolverse mediante decretos ni con decisiones administrativas de corto plazo. El objetivo, explicó, es modificar la arquitectura misma del Estado mediante un paquete de leyes que redefina el funcionamiento de las instituciones públicas.
La imagen elegida por el portavoz fue reveladora. Describió al aparato estatal como un organismo «obeso» e «ineficiente», una metáfora que resume el diagnóstico del nuevo oficialismo sobre la herencia recibida. Pero también deja al descubierto el tamaño del desafío: transformar esa estructura exige reformas legales, acuerdos políticos y una estabilidad que el Gobierno todavía no consigue consolidar.

La admisión llega en el momento más delicado desde la llegada de Rodrigo Paz al Palacio Quemado. Apenas horas antes, Unidad Nacional, el partido liderado por Samuel Doria Medina, rompió oficialmente con la coalición gubernamental y anunció que ejercerá una «oposición constructiva». La decisión dejó al Ejecutivo sin la mayoría parlamentaria que había sostenido durante sus primeros meses y convirtió cada proyecto de ley en una negociación incierta.
El problema ya no es únicamente económico. También es político.
Las reformas que el Gobierno considera indispensables para atraer inversiones, reorganizar el Estado y reactivar la economía deberán atravesar ahora un Congreso mucho más fragmentado, donde ninguna fuerza tiene capacidad suficiente para imponer por sí sola su agenda. Cada votación pondrá a prueba la habilidad negociadora de un presidente que llegó con la promesa de construir consensos y que ahora enfrenta un Parlamento menos dispuesto a concederlos.
En ese contexto, la explicación oficial puede interpretarse de dos maneras. Para el Ejecutivo, constituye una invitación a mirar las reformas con perspectiva histórica. «Ocho meses parecen mucho, pero son muy poco», insistió Gálvez, convencido de que la transición necesitará años para consolidarse. Para sus críticos, en cambio, refleja la distancia creciente entre las expectativas creadas durante la campaña y los resultados visibles de la gestión.
El Gobierno mantiene intacta su narrativa: la crisis económica, la escasez de divisas, los problemas de abastecimiento de combustibles y el deterioro institucional son consecuencia del modelo heredado del MAS. Sobre esa premisa sostiene que cualquier transformación profunda requiere desmontar primero los cimientos del sistema anterior antes de levantar uno nuevo.
Pero la política rara vez concede el tiempo que reclaman las reformas estructurales. Mientras el Ejecutivo pide paciencia, la economía continúa sometida a fuertes presiones, el Parlamento se vuelve más impredecible y la coalición que llevó a Rodrigo Paz al poder comienza a deshilacharse. La paradoja del nuevo Gobierno es evidente: cuanto más insiste en que el cambio tomará años, más urgente se vuelve la necesidad de ofrecer resultados que convenzan de que ese cambio, aunque lento, ya ha comenzado.

