Por Vladimir Huarachi Copa
LA PAZ, 30 jul (El Libre Observador) — A más de un mes de la puesta en marcha del estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz, con el fin de contrarrestar los bloqueos de carreteras, proteger el abastecimiento de alimentos, diésel y gasolina, además de restablecer el orden público ante la crisis social, hoy, si bien la ciudadanía no está enfrentando bloqueos de carreteras, sí está enfrentando bloqueos de sus representantes en la Asamblea Legislativa, al no lograr persuadir para que el Gobierno modifique o detenga sus acciones; propósito que, por el contrario, no viene sucediendo en los hechos. El desabastecimiento de combustible sigue siendo el pan de cada día, y se hace evidente en las largas filas de vehículos que se forman en las estaciones de servicio.
En tanto, el aparente orden público que se observa en las calles está pronto a explotar una vez que pase el tiempo establecido para el estado de excepción. Las razones para que suceda este hecho no solo se fundamentan en los fines por los que se decretó dicho estado de excepción, sino también en las desavenencias que el Gobierno continúa generando con las diferentes organizaciones sociales y con una población que confió en el Gobierno como una vía para la recuperación, aunque sea mediana, de la paz social. De ahí que la profundización de la desconfianza, alimentada por hechos de corrupción, no deje de ser uno de los elementos que mantenga en pie de lucha a una población que, en su momento, fue y no fue militante de los conflictos que se prolongaron por más de 50 días.
Ahora bien, ¿por qué se sumaría a este escenario la población que rechazaba los conflictos durante aquellos más de 50 días? La respuesta podría encontrarse en el desorden económico, político y social que sigue generando el Gobierno de Rodrigo Paz, un hecho que ninguna sociedad puede tolerar de manera permanente.
Y es bajo este posible escenario que se avecina para el país que el Gobierno en turno tiene las siguientes opciones: 1) volver a decretar otro estado de excepción, no obstante, siempre y cuando la Asamblea Legislativa así lo considere. Empero, viendo el nuevo escenario político y el alejamiento de Alianza Unidad, con la que venía cogobernando Rodrigo Paz, las posibilidades de que cuente con apoyo tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores parecen lejanas; y 2) implementar políticas que permitan establecer y garantizar la paz social.
Sin embargo, ninguna de estas dos opciones parece atractiva, debido a que la espiral de malestar continúa en ascenso y, con ello, se sigue socavando el orden público.
Por tanto, ¿qué le depara al país y al Gobierno de transición de Rodrigo Paz? Tal parece que el arribo de la ruptura del orden público. El Gobierno no encuentra una oposición significativa en los ámbitos legislativo y judicial; por lo que, si encuentra oposición, esta podría trasladarse a las calles y adquirir dimensiones que vayan más allá de las movilizaciones permitidas dentro del marco de la Constitución y la democracia. Es decir, fuera de los límites institucionales.
Y es precisamente a esto a lo que debería temerle el Gobierno de Rodrigo Paz, que el aparente orden público de hoy termine convirtiéndose en la ruptura del orden público de mañana.
