Por Vladimir Huarachi Copa
LA PAZ, 19 dic (El Libre Observador) — A poco más de un mes del inicio del Gobierno de Rodrigo Paz y su vicepresidente Lara, Bolivia ingresó en una fase de alta tensión política marcada por desacuerdos internos en el Ejecutivo, una implosión de conflictos entre diputados y senadores de la bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y un progresivo alejamiento de las promesas formuladas durante las dos etapas de campaña. En ese contexto, el 17 de diciembre de 2025 el Gobierno promulgó el denominado “Decreto por la Patria”, una norma orientada a eliminar la subvención a los combustibles bajo el argumento de combatir la corrupción, según explicó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza Yáñez.
El camino hacia este decreto estuvo precedido por reiteradas declaraciones del presidente Paz, centradas en la supuesta ausencia de recursos económicos heredados para atender problemas urgentes, particularmente en lo referido al sostenimiento de los combustibles subvencionados. Sin embargo, más allá de estas denuncias, se ha evidenciado un explícito alineamiento del Ejecutivo con la agroindustria cruceña, retomando una vieja receta aplicada en la década de 1990, cuando se sostenía que este sector sería el motor de la economía siempre que el Estado le inyectara capital.
Ese alineamiento se reflejó en los anuncios presidenciales sobre una estrategia basada en alianzas público-privadas, apertura de mercados, seguridad jurídica, atracción de inversiones y diversificación productiva, con el objetivo de incrementar las exportaciones y generar valor agregado. No obstante, tras la promulgación del Decreto Supremo N.º 5503 —también denominado “por la Patria”—, el Gobierno de Paz no habría logrado cerrar un acuerdo con el sector empresarial en torno al nuevo salario mínimo nacional, fijado en Bs 3.300.
En las semanas previas al decreto, el presidente insistió en que su antecesor dejó un Estado sin capacidad financiera para invertir, desplegando un abanico de estrategias que, para sus críticos, buscaron encubrir desaciertos propios. Entre ellas, la reiteración de la narrativa de que los recursos “desaparecieron”, la generación de cortinas de humo mediante detenciones de personas vinculadas al periodo del Movimiento al Socialismo (MAS), la conformación de comisiones investigadoras sobre el destino de fondos públicos y reuniones con sectores del transporte, incluso para reprocharles no haber bloqueado al Gobierno anterior.
Lo cierto es que el presidente Paz no ha logrado superar su propia crisis política, una situación que limita su capacidad de enfrentar lo que él mismo denomina el “Estado tranca”. En este escenario, el 17 de diciembre anunció oficialmente el “Decreto por la Patria”, que contempla, entre otras medidas, un ajuste en los precios de los combustibles: la gasolina especial pasó a Bs 6,96 por litro, la gasolina premium a Bs 11 y el diésel a Bs 9,80. Asimismo, se dispuso el incremento del salario mínimo nacional a Bs 3.300 y de la Renta Dignidad a Bs 500. Con ello, la administración de Paz parecía haber preparado el terreno para la implementación de estas medidas, que no constituían un secreto de Estado.
En paralelo, se abre la posibilidad de una futura capitalización, privatización o liquidación de 64 empresas públicas. Este escenario se sustenta en declaraciones del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien en conferencia de prensa del 15 de diciembre de 2025 afirmó que, de un total de 67 empresas estatales, solo tres serían rentables: YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), ENDE (Empresa Nacional de Electricidad) y COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia).
Ante este panorama, surge la interrogante sobre el escenario que enfrentará el país bajo la administración de Paz. Bolivia arrastra, desde los gobiernos de Luis Arce y Jeanine Áñez, una situación crítica en materia de empleo, con elevados niveles de desocupación que impulsaron una creciente migración hacia Chile entre 2024 y 2025, especialmente hacia los sectores agrícola y de servicios, atraídos por mejores salarios.
Este patrón migratorio podría mantenerse o incluso intensificarse tras la elección del nuevo presidente chileno, José Antonio Kast, quien, pese a advertir sobre las dificultades financieras de su país y señalar que la migración será aceptada solo dentro de los márgenes legales, continúa generando expectativas de movilidad laboral entre los bolivianos. A ello se suman Argentina y Brasil, que siguen siendo destinos relevantes para la migración regional.
En consecuencia, más allá de las medidas implementadas mediante el Decreto Supremo N.º 5503, Bolivia podría enfrentar escenarios adicionales de alta complejidad, como la actual alerta epidemiológica nacional por la variante K de la influenza A H3N2. A esto se suma un presidente que parece no dimensionar la fragilidad de su administración, enfrentado a un creciente desafío político de organizaciones sociales movilizadas contra el proyecto de Ley Antibloqueos, una relación cada vez más deteriorada con el vicepresidente y un impacto social del decreto que aún está por manifestarse en toda su magnitud.
