Por René Durán, es periodista
LA PAZ, 17 ago (El Libre Observador) — El Gobierno de Rodrigo Paz, mediante decretos, ha determinado cambios en el precio del dólar y del diésel que, lejos de aliviar la crisis económica, pueden trasladar una parte importante de sus costos a la población boliviana. Son medidas que, desde una perspectiva social, resultan difíciles de aceptar en un país donde las familias ya enfrentan una creciente presión sobre sus ingresos.
La aplicación de un régimen de dólar flotante implica que el Estado deja de establecer un valor fijo y permite que la cotización se mueva de acuerdo con las condiciones del mercado. En una economía como la boliviana, donde muchas transacciones, contratos, importaciones y obligaciones están vinculados al dólar, una variación significativa del tipo de cambio puede generar incertidumbre y elevar los costos para ciudadanos y empresas.
Pensemos en un caso concreto. Una persona que adquirió un vehículo por 20.000 dólares y asumió una deuda expresada en esa moneda podría enfrentar un incremento considerable de su obligación en bolivianos si el tipo de cambio pasa de 6,96 a 11 bolivianos por dólar. El monto de la deuda en dólares no habría cambiado, pero sí aumentaría de manera importante el esfuerzo necesario para pagarla en moneda nacional.
Ese es precisamente uno de los riesgos de una depreciación acelerada: quienes reciben sus ingresos en bolivianos, pero mantienen obligaciones vinculadas al dólar, quedan expuestos a una pérdida de poder adquisitivo. El impacto no se limita a los grandes empresarios; puede alcanzar a familias, comerciantes, importadores y pequeños emprendedores.
A esta situación se suma el incremento del precio del diésel para los grandes consumidores, que pasó de 9,80 a 18 bolivianos por litro. Aunque el Gobierno sostiene que la medida no debería afectar directamente a la canasta familiar y que el precio subvencionado se mantiene para determinados consumidores, resulta difícil pensar que un aumento tan significativo en uno de los principales insumos de la economía no genere efectos indirectos.
El diésel mueve camiones, maquinaria agrícola, actividades mineras y buena parte del transporte de mercancías. Cuando aumenta el costo de transportar un producto, ese incremento puede terminar incorporándose al precio final. El problema, entonces, no es solamente cuánto cuesta el litro de diésel, sino cuánto terminará costando llevar los alimentos y las mercancías desde el lugar de producción hasta el consumidor.
Bolivia, además, depende de manera importante de las importaciones. Una subida del transporte puede encarecer toda la cadena logística y terminar afectando productos que llegan desde el exterior o que utilizan insumos importados para su producción.
El Gobierno argumenta que el nuevo precio de 18 bolivianos permitirá ordenar el mercado, atraer importadores privados y combatir las distorsiones provocadas por la escasez. Es una explicación que merece ser escuchada. Pero también merece ser sometida a una pregunta sencilla: ¿quién terminará pagando el costo de esta transición?
Existe otro riesgo que no debería ignorarse. Si el precio de referencia de 18 bolivianos se convierte en el nuevo punto de partida del mercado, podría generarse una presión para que ese valor continúe aumentando en el futuro. El temor de muchos consumidores es que lo que hoy se presenta como un precio para determinados segmentos termine convirtiéndose, con el tiempo, en una referencia general para toda la economía.
Podríamos llegar entonces a un escenario en el que el diésel vuelva a subir y alcance niveles todavía mayores. Hoy se habla de 18 bolivianos; mañana, algunos temen que pueda acercarse a 28. No se trata de afirmar que ese precio necesariamente ocurrirá, sino de advertir que una vez abierto el camino hacia la liberalización, el mercado puede ejercer una presión creciente sobre los precios.
El argumento de que “todos somos iguales” y que, por tanto, “no debe haber privilegios” puede parecer atractivo desde la lógica del mercado. Pero una sociedad no atraviesa una crisis distribuyendo de la misma manera sus costos entre quienes tienen mayores ingresos y quienes apenas logran cubrir sus necesidades básicas.
Bolivia está en crisis, eso nadie lo discute. Lo que sí debería discutirse es cómo se distribuye el costo de esa crisis.
No puede pedirse a una población golpeada por la inflación, la falta de dólares, la escasez de combustibles y la pérdida de poder adquisitivo que acepte nuevos ajustes sin garantías suficientes de protección social.
El Gobierno tiene la responsabilidad de explicar no solamente qué medidas adopta, sino también quiénes ganan, quiénes pierden y cuáles serán los mecanismos para evitar que los costos terminen recayendo, una vez más, sobre los sectores más vulnerables.
Porque enfrentar una crisis debería significar compartir responsabilidades, no trasladar sus costos a quienes menos capacidad tienen para soportarlos.
Bolivia está en crisis, sí. Pero el gobierno y sus élites políticas y sociales son afectados, pues sigue disfrutando de las dádivas del poder.
