LA PAZ, 3 sep (El Libre Observador) — El Gobierno ha decidido entrar en las oficinas desde donde se organiza el recorrido de cada cisterna y revisar una cadena que empieza con la importación y termina en el tanque de un vehículo. En apenas 48 horas, el Ejecutivo de Rodrigo Paz ha intervenido las dos instituciones que controlan ese trayecto como son, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
La imagen de este jueves en La Paz resume la magnitud de la operación. Los ministros de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, acompañados por el viceministro de Transparencia, Yamil García, llegaron a las oficinas de la ANH para tomar el control de una institución a la que el Gobierno responsabiliza de no haber conseguido cerrar las grietas por las que, según sus denuncias, se desvía combustible hacia el contrabando.
La intervención, establecida mediante el Decreto Supremo 5699, tendrá una duración de hasta 180 días. El objetivo declarado es revisar los mecanismos de regulación, supervisión y fiscalización, detectar vulnerabilidades y determinar eventuales responsabilidades.
Pero detrás de la palabra “intervención” hay una pregunta más incómoda ¿cómo puede faltar combustible si, según el Gobierno, YPFB está importando incluso más de lo que necesita el mercado interno?
La respuesta oficial apunta a la ruta que sigue el carburante después de abandonar las instalaciones de YPFB. La petrolera estatal importa, almacena y despacha. La ANH debe vigilar el recorrido de las cisternas hasta las estaciones de servicio y la venta al consumidor. El Gobierno sostiene que justamente en ese tránsito se habrían producido los desvíos que terminan convirtiendo el abastecimiento en una carrera de obstáculos.
Las autoridades aseguran haber encontrado registros que no coinciden con la capacidad de algunas cisternas y sistemas de información que dejaron de cruzar adecuadamente los datos entre YPFB y los surtidores. También denunciaron posibles manipulaciones de los GPS utilizados para seguir los vehículos. Son acusaciones formuladas por el Ejecutivo y que deberán ser respaldadas por auditorías y, en su caso, por investigaciones judiciales.
La intervención de YPFB, iniciada el miércoles, añadió otro elemento a la historia. Blanco informó que se detectaron unos 600 usuarios que ya no pertenecían a la empresa o nunca formaban parte de ella, pero que habrían mantenido acceso a los sistemas para realizar nominaciones de combustible. El Gobierno anunció cambios en la gerencia Comercial y acciones legales contra quienes resulten responsables.
La ofensiva, por tanto, no se limita a limpiar procedimientos. Pretende cambiar la arquitectura del negocio.
Blanco ha planteado que YPFB se retire paulatinamente de la importación y comercialización de combustibles y que esas actividades pasen al sector privado. El Gobierno mira hacia experiencias desarrolladas en Santa Cruz, donde operadores privados ya importan y venden carburantes a precios internacionales. La intervención aparece, así como una etapa de transición hacia un mercado en el que la estatal petrolera tendría un papel diferente al que ha desempeñado durante años.
La paradoja es que ese viraje se produce mientras el Estado todavía no consigue garantizar algo tan elemental como el suministro regular de diésel. Las filas de camiones siguen siendo una de las postales más visibles de la crisis y el incremento del precio del diésel para grandes consumidores hasta 18 bolivianos por litro no ha conseguido, por ahora, despejar completamente el mercado.
El Gobierno atribuye buena parte del problema al retorno de la subvención y sostiene que, cuando esta fue retirada en enero, la demanda cayó un 40 %. La discusión sobre el precio se mezcla así con otra batalla: la del contrabando y la capacidad del Estado para saber dónde termina cada litro de carburante que paga para abastecer al país.
La ANH será sometida a una reestructuración. El Ejecutivo anuncia personal seleccionado por meritocracia, controles en las calles y una institución más operativa. El decreto, además, busca recuperar la capacidad efectiva del Estado para fiscalizar la cadena y proteger los intereses económicos públicos.
En el fondo, Bolivia enfrenta algo más que una crisis de combustible. Se enfrenta al desgaste de un modelo en el que el Estado importa, subsidia, distribuye, controla y, finalmente, debe explicar por qué el producto no llega.
