LA PAZ, 3 sep (El Libre Observador) – El Gobierno de Bolivia intenta convertir su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el primer dique frente a una crisis de divisas que ha erosionado las reservas, presionado al boliviano y obligado a la gestión del presidente Rodrigo Paz a acelerar un giro económico que rompe con buena parte del modelo aplicado durante las últimas dos décadas.
El ministro de Economía, Christian Morales, afirmó este jueves que los recursos del organismo multilateral permitirán fortalecer las reservas internacionales y aumentar el flujo de dólares hacia el mercado. El proyecto de ley relacionado con el programa ya fue enviado a la Asamblea Legislativa, donde el Ejecutivo busca respaldo para avanzar con el acuerdo.
La urgencia es evidente en el mercado cambiario. El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este jueves el dólar en 12,32 bolivianos, un nuevo máximo dentro del régimen flexible adoptado por el país. El salto refleja la magnitud del ajuste: en junio, Bolivia abandonó el régimen que durante 15 años había mantenido prácticamente congelado el tipo de cambio y pasó a un sistema flexible como parte de su estrategia para recuperar estabilidad macroeconómica.
Ese viraje coloca a Bolivia en una coyuntura conocida para otras economías emergentes: cuando las reservas se reducen y la moneda pierde presión de anclaje, recuperar liquidez externa se convierte en una condición para estabilizar las expectativas. La diferencia boliviana es la velocidad del deterioro y el agotamiento de los colchones acumulados durante el largo ciclo de ingresos por gas natural.
El FMI alcanzó el 29 de julio un acuerdo a nivel técnico con Bolivia por unos 1.900 millones de dólares durante 36 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF). El programa busca respaldar las reformas económicas, reconstruir las reservas y aliviar la escasez de divisas, pero todavía necesita la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo y el cumplimiento de las acciones previas acordadas.
El alcance internacional del acuerdo puede ser mayor que los 1.900 millones de dólares. El FMI estima que su programa podría catalizar al menos 5.000 millones de dólares adicionales de otros organismos y socios para el desarrollo. Para Paz, esa posibilidad es crucial, pues el objetivo no consiste únicamente en obtener financiamiento, sino en recuperar acceso a capital externo y reconstruir la confianza necesaria para que vuelvan a circular dólares en la economía.
El problema es que la estabilización tiene un coste político. El Gobierno ha reducido subsidios y ha comenzado a desmontar mecanismos que durante años mantuvieron artificialmente bajos determinados precios, especialmente los combustibles. Las medidas han provocado protestas y bloqueos, mientras sindicatos, organizaciones cívicas y empresarios cuestionan el rumbo de las reformas y vinculan parte del ajuste con el programa del FMI.
El Ejecutivo niega que todas esas decisiones respondan a imposiciones del Fondo y sostiene que varias fueron adoptadas como parte de una estrategia nacional para sincerar la economía. Morales ha defendido además la transparencia del acuerdo y ha señalado que los legisladores deben conocer sus condiciones y el programa económico validado técnicamente por el organismo internacional.
El trasfondo es una economía que enfrenta simultáneamente varios frentes. La caída de la producción de gas natural redujo una de las principales fuentes de dólares del país, mientras los déficits fiscales se mantuvieron elevados y las reservas internacionales se aproximaron a niveles críticos. El FMI estima para Bolivia una contracción del producto de 3,3 % en 2026 y una inflación de 20,7 %, una combinación que ilustra la profundidad de la crisis.
En ese escenario, la política cambiaria se ha convertido en el principal campo de batalla. El Gobierno sostiene que el régimen flexible permitirá transparentar el precio de la divisa y corregir desequilibrios, mientras el BCB limitará su intervención a episodios de “sobrerreacción”. Pero cuanto más rápido se deprecia la moneda, mayor es el riesgo de que la población y las empresas busquen protegerse en dólares y alimenten la presión que el Gobierno intenta contener.
La apuesta por el FMI supone, por tanto, un cambio de paradigma para Bolivia. El país, que durante años mantuvo una relación distante con el organismo, vuelve a recurrir a él en busca de un ancla financiera y de credibilidad internacional. El acuerdo técnico de julio fue presentado por el FMI como respaldo a un programa de reformas destinado a corregir desequilibrios fiscales y externos.
Para el Gobierno, el desafío será transformar ese respaldo potencial en reservas reales antes de que la depreciación del boliviano y la inflación deterioren aún más las expectativas. El Ejecutivo necesita que lleguen dólares, pero también que los mercados crean que habrá suficientes en el futuro.
