LA PAZ, 8 sep (El Libre Observador) — Durante meses, conseguir gasolina o diésel en Bolivia se convirtió en una escena repetida con largas filas de vehículos, surtidores sin producto, transportistas protestando y carreteras bloqueadas. Ahora, el Gobierno de Rodrigo Paz intenta cambiar las reglas del juego. El Decreto Supremo 5701 permite a las refinerías importar petróleo, procesarlo en el país y vender los combustibles resultantes a precios de mercado y sin subvención estatal.
La medida supone una apertura significativa en un sector históricamente dominado por el Estado. Las refinerías podrán comercializar los derivados del crudo importado a mayoristas, grandes consumidores, clientes directos, estaciones de servicio y otros canales de distribución. El objetivo oficial es aumentar la oferta y aprovechar una capacidad de refinación que, hasta ahora, no podía utilizarse plenamente por las dificultades para garantizar el suministro de materia prima.
El decreto llega en uno de los momentos más delicados para el sistema energético boliviano. La producción nacional de hidrocarburos ha disminuido mientras la falta de divisas limita la capacidad estatal para importar los carburantes que necesita el mercado interno. La combinación ha convertido al combustible en uno de los principales focos de tensión económica y social del país.
La nueva fórmula busca desplazar parte de esa presión. En lugar de que el Estado asuma el costo de importar y subvencionar todos los combustibles, las refinerías podrán comprar crudo en el exterior, procesarlo y vender sus derivados al precio que marque el mercado. El Gobierno espera así ampliar el abastecimiento sin aumentar en la misma proporción la carga financiera pública.
Pero la apertura también tiene una consecuencia inmediata: el combustible obtenido mediante este mecanismo ya no estará protegido por la subvención. El precio final dependerá, por tanto, de los costos de importación, procesamiento, transporte y comercialización, lo que puede traducirse en valores superiores a los de los carburantes regulados por el Estado.
El volumen de petróleo que podrá ingresar bajo este régimen será definido por el Comité de Producción y Demanda (PRODE), de acuerdo con las necesidades del mercado interno, la capacidad de transporte por ductos y las posibilidades de procesamiento de las refinerías.
El Gobierno presenta la medida como una respuesta excepcional a la emergencia energética y social. Sin embargo, su alcance va más allá de resolver un problema puntual de abastecimiento: introduce un nuevo actor y una nueva lógica en un mercado acostumbrado durante años a los precios regulados y al peso dominante del Estado.
La decisión llega además cuando las protestas contra el encarecimiento de los combustibles y la reducción de los subsidios han comenzado a ganar fuerza. Organizaciones sociales, sindicales y empresariales han cuestionado el impacto de las medidas sobre los hogares y las actividades productivas, aumentando la presión sobre el Ejecutivo.
El Ministerio de Hidrocarburos deberá reglamentar el decreto en un plazo de cinco días hábiles. Será entonces cuando se conozcan las condiciones concretas bajo las que las refinerías podrán importar y vender.
Bolivia abre así una nueva etapa en su política energética: mientras el Estado intenta contener una crisis de abastecimiento que ha erosionado su capacidad financiera, el mercado privado comienza a ocupar un espacio que hasta hace poco estaba reservado casi por completo a la gestión estatal.
