LA PAZ, 2 feb (El Libre Observador) – Después de cinco días de intensas negociaciones, las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia han logrado este viernes un acuerdo trascendental para agilizar el tratamiento del proyecto de ley 144, crucial para la realización de las elecciones judiciales.
Este anuncio, hecho por el vicepresidente David Choquehuanca, marca un hito en medio de la crisis y el bloqueo de caminos que ha persistido durante 12 días.
Acompañado por los presidentes de ambas cámaras legislativas, Israel Huaytari y Andrónico Rodríguez, así como por los líderes de bancada del MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos, Choquehuanca detalló el contenido del acuerdo.
Este estipula la reanudación inmediata del procedimiento legislativo del proyecto de ley 144, sin modificaciones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para su posterior envío al Órgano Ejecutivo.
La Cámara de Diputados convocará a sesión el lunes 5 de febrero, y la Cámara de Senadores lo hará el martes 6 de febrero, con el objetivo exclusivo de tratar y aprobar el proyecto de ley 144 para las elecciones judiciales.
Además, se acordó que, una vez aprobada esta ley, se procederá al tratamiento de otros proyectos cruciales, incluyendo el que suspende los plazos procesales en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional desde el 2 de enero hasta la posesión de las nuevas autoridades judiciales.
En el mismo contexto, se abordará la ley que anula la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, la cual fue el detonante del bloqueo de caminos.
Este bloqueo, que cumple 12 días, ha causado daños económicos significativos, superando los 680 millones de dólares, cuatro víctimas mortales y perjuicios a la población. Desde el Gobierno, se ha indicado que detrás de este bloqueo se esconde el interés de revertir el fallo que estableció que la reelección indefinida no es un derecho humano.
El acuerdo legislativo también prevé el tratamiento de proyectos cruciales para la agenda económica del país, con inversiones estimadas en más de 825 millones de dólares. Además, se compromete a dar continuidad y diligencia a otros proyectos de ley pendientes en la Cámara de Diputados.
