LA PAZ, 27 ago (El Libre Observador) — El gobierno boliviano informó este martes que, a través del Ministerio de Justicia, remitió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) las preguntas clave para lograr el aval legal que permita la celebración del referéndum que aborda temas cruciales como la reelección presidencial y la subvención de combustibles.
El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo a los periodistas que este paso es esencial para obtener el aval constitucional necesario antes del plazo límite, es decir antes del sábado 31 de agosto o, caso contrario, los plazos la emisión de la convocatoria habrán vencido y no podrá realizarse junto a las elecciones judiciales previstas para el 1 de diciembre.
Explicó que, aunque el TCP dispone de 15 días para responder sobre el aval constitucional del referéndum, el Ejecutivo espera una respuesta antes del sábado, ya que, de lo contrario, el referéndum no podrá llevarse a cabo en la fecha prevista.
Las preguntas propuestas por el presidente Luis Arce ya habían sido enviadas previamente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 21 de agosto, pero fueron observadas y devueltas al Ejecutivo para su revisión.
Tras una serie de modificaciones, incluida la eliminación de una cuarta pregunta sobre la redistribución de escaños parlamentarios, el gobierno volvió a presentar las preguntas corregidas, acogiendo las observaciones realizadas por el TSE.
Consultado sobre por qué no envió el gobierno de nuevo las preguntas corregidas al Tribunal Supremo Electoral para su revisión, Lima señaló que sí se acogieron las observaciones por lo que consideraron que se podrían pasar los textos directo al TCP.
De todas maneras, aclaró que las preguntas retornarán al TSE en caso de emitirse el decreto para el referendo.
El referéndum, según lo propuesto por Arce, prevé celebrarse el 1 de diciembre, coincidiendo con las elecciones judiciales programadas para esa fecha.
Sin embargo, la realización de esta consulta popular depende ahora de la pronta respuesta del TCP, que tiene en sus manos la posibilidad de validar o frenar una consulta que promete reconfigurar el panorama político y económico de Bolivia.
