LA PAZ, 19 sep (El Libre Observador) — El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras las declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien denunció este jueves que el líder cocalero utiliza un vehículo propiedad de la hija de una mujer sentenciada por narcotráfico.
Según Del Castillo, la dueña del vehículo es Tania N. Y., una joven de 21 años, cuya madre, Alicia Y. Ch., fue condenada en 2015 por tráfico de sustancias controladas.
El vehículo en cuestión, una vagoneta de lujo valorada en 90.000 dólares, fue utilizado por Morales en la llamada «Marcha de la muerte», una movilización organizada por sectores afines al exmandatario.
Las imágenes difundidas en redes sociales muestran que este vehículo no solo acompañó el avance de la marcha, sino que también fue clave para evacuar a Morales durante enfrentamientos en Vila Vila.
Del Castillo cuestionó la capacidad económica de una joven de 21 años para adquirir un vehículo de semejante valor, sugiriendo que los fondos podrían provenir de actividades ilícitas o haber sido financiados por los padres.
El ministro recordó que la madre de la joven, aunque declarada costurera, tiene antecedentes penales por narcotráfico, siendo condenada en 2015 pero liberada bajo amnistía solo dos meses después, en la gestión de la presidencia de Morales.
INVESTIGACIÓN
El Ministerio de Gobierno ha iniciado una investigación para determinar el origen de los fondos con los que se adquirió el vehículo, en un caso que podría derivar en acusaciones de legitimación de ganancias ilícitas.
“Esta denuncia será presentada ante el Ministerio Público, para que cite a declarar a todas las personas involucradas y demostrar el origen de los recursos”, aseguró Del Castillo.
Las acusaciones también tocan de cerca a Morales, a quien Del Castillo acusó de haber promovido la amnistía que liberó a Alicia Y. poco después de su sentencia.
Según el ministro, esta relación es parte de una serie de irregularidades que vinculan al expresidente con sectores del narcotráfico, especialmente en la región del Chapare, bastión político y social de Morales.
Este incidente agrava la tensión entre el gobierno de Luis Arce y Morales, cuyas pugnas internas dentro del Movimiento al Socialismo (MAS) se han intensificado.
Del Castillo, quien ya ha sido señalado por Morales en 2022 de encabezar un «plan negro» para inhabilitarlo políticamente, subrayó que la destrucción de 3.500 fábricas de pasta base de cocaína en el Chapare durante su gestión es una de las causas de la «rivalidad» entre ambos.
