LA PAZ, 19 sep (El Libre Observador) — La carrera por el puesto de Fiscal General del Estado ha comenzado con una lista de 76 postulantes que incluye a magistrados prorrogados, fiscales departamentales y un postulante que ha intentado alcanzar múltiples cargos públicos en el pasado.
Entre ellos, destacan cuatro magistrados cuyo mandato fue extendido, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legitimidad de sus candidaturas y el impacto en la Asamblea Legislativa, que deberá aprobar la designación con una mayoría de dos tercios.
El actual Fiscal General, Juan Lanchipa, concluye su mandato el 23 de octubre, tras seis años en el cargo. Durante este periodo, su gestión ha sido objeto de críticas y acusaciones de parcialidad. Ahora, la Asamblea se enfrenta al desafío de elegir a su sucesor en medio de una creciente polarización política y con nombres que, lejos de generar consenso, prometen avivar el debate.
TRAYECTORIA CONTROVERSIAL
Uno de los nombres más destacados en la lista es el de William Alave, fiscal departamental de La Paz, quien ha liderado los juicios más mediáticos de la última década, incluidos los procesos contra Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho por los casos “Golpe de Estado I” y “Golpe de Estado II”. Su participación en estos casos lo ha convertido en una figura clave del sistema judicial boliviano, pero también ha suscitado controversia por su cercanía con el Movimiento al Socialismo (MAS), partido del expresidente Evo Morales.
Entre los postulantes también figura Ruddy Flores Monterrey, exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quien fue parte de la polémica sentencia que permitió la reelección indefinida de Morales en 2019.
Esta decisión aún genera repercusiones en el ámbito político y es vista por muchos como un ataque a los principios democráticos. Flores, tras su paso por el TCP, ocupó cargos de relevancia en el gobierno de David Choquehuanca.
OBSTÁCULOS LEGISLATIVOS
Otro de los desafíos para la Asamblea es la presencia de magistrados prorrogados entre los candidatos. El senador Santiago Ticona, de Comunidad Ciudadana (CC), ha señalado que la inclusión de estos candidatos complicará las negociaciones dentro del Legislativo. Entre ellos se encuentran Paul Franco Zamora, miembro actual del TCP, y José Antonio Revilla Martínez, juez del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quienes han sido inhabilitados previamente en las elecciones judiciales.
A este escenario se suma la postulación de Roger Mariaca, fiscal departamental de Santa Cruz, quien también busca ocupar el cargo de Fiscal General. Mariaca es conocido por sus vínculos con el sector judicial de la región, aunque su participación no ha estado exenta de críticas, en particular por la falta de independencia de la justicia en casos de alto perfil político.
Un personaje que llama la atención es Cyborg Kanashiro Bronnkss, quien se ha presentado a diversas convocatorias para cargos públicos en el pasado. Este postulante a «todo» ha intentado, sin éxito, alcanzar posiciones en el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General del Estado. Su perseverancia lo ha convertido en una figura peculiar dentro del proceso, pero también ha generado dudas sobre la seriedad de su candidatura.
La designación del nuevo Fiscal General del Estado no solo dependerá de la idoneidad de los postulantes, sino también de la capacidad de los bloques políticos en la Asamblea Legislativa para alcanzar acuerdos.
El MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos deberán negociar para lograr los dos tercios necesarios que permitan la elección del nuevo titular del Ministerio Público, en un proceso que promete ser complejo y con múltiples obstáculos.
