COCHABAMBA, 8 oct (El Libre Observador) — El expresidente de Bolivia (2006-2019), Evo Morales Ayma, enfrenta un nuevo desafío legal con su equipo de abogados tras ser notificado personalmente para declarar ante la Fiscalía de Tarija por un caso de presunto estupro agravado y trata de personas.
Morales, quien gobernó Bolivia casi 14 años, anunció en una conferencia de prensa que asumirá su defensa frente a estas graves acusaciones, aunque no dejó claro si asistirá personalmente a la citación programada para el jueves 10 de octubre.
“Vamos a defendernos, como lo hice frente a todos los presidentes en diferentes gestiones. Ahora toca defenderme con mi equipo de abogados legalmente contra el gobierno de Luis Arce”, afirmó Morales, quien subrayó que no tiene miedo y que, en anteriores procesos, ningún cargo en su contra fue probado.
“Me defendí. Nunca me escapé. Una cosa es ya atentar contra la vida”, añadió, haciendo referencia a lo que considera una persecución política.
Morales fue notificado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de Cochabamba, cerca de las oficinas de las federaciones del Trópico, donde se encontraba en ese momento. Tras una inicial reticencia, el exmandatario aceptó la notificación y firmó la conformidad, según confirmó Freddy Medinacelli, director de la FELCC de Cochabamba. “Finalmente, don Juan Evo Morales Ayma ha recepcionado la notificación, ha firmado la conformidad, se ha cumplido con el procedimiento”, explicó el jefe policial.
El caso en cuestión investiga presuntos delitos de estupro agravado y trata de personas, según las denuncias que apuntan a que Morales habría mantenido una relación con una menor de 15 años cuando aún ejercía la presidencia y con quien concibió un hijo. Estas acusaciones, de comprobarse, representan delitos graves bajo el Código Penal boliviano, lo que ha encendido un intenso debate en el país.
Morales, un líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), calificó el lunes en sus redes sociales este proceso como una estrategia de “lawfare” o guerra jurídica, comparando su situación con la de otros líderes de izquierda en la región como Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner. “Ya no asesinan con balas, ahora promueven asesinatos morales a través de sentencias contra los liderazgos populares”, expresó Morales en sus redes sociales, insistiendo en que estas acciones legales buscan impedir su participación en futuros procesos electorales.
El expresidente también afirmó que enfrenta cuatro procesos judiciales de manera simultánea y aseguró que estos tienen un propósito político. “Así como con el hermano Rafael Correa, esta acción proviene de la traición”, señaló Morales, aludiendo a una supuesta conspiración interna en su propio partido para marginarlo políticamente.
