LA PAZ, 9 oct (El Libre Observador) — El gobierno de Bolivia decidió este miércoles endurecer las sanciones penales contra el contrabando de productos hacia los países vecinos, una problemática que ha contribuido a la escasez de alimentos y al aumento de precios en el mercado interno.
El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó a los periodistas que, a través de un nuevo decreto supremo, que ajusta la Ley 100 de Seguridad en Frontera, las penas para quienes transporten o intenten extraer ilegalmente productos nacionales se han incrementado significativamente, alcanzando hasta 14 años de cárcel, además de la confiscación de la mercancía y los medios utilizados en el delito.
Destacó que la medida es parte de una estrategia más amplia para estabilizar los precios en el mercado interno, combatiendo el contrabando que desabastece a Bolivia en beneficio de los mercados de países vecinos.
“Cometer delito de contrabando de exportación agravado cuando se transporte o intente extraer alimentos, sin cumplir los requisitos legales, será sancionado con privación de libertad de 10 a 14 años y el decomiso de las mercancías y la confiscación de los elementos del delito”, manifestó el ministro.
El contrabando a la “inversa”, denominado a la salida de productos ilegalmente a otros países, ha sido identificado como uno de los principales motores del alza de precios en Bolivia, afectando especialmente a productos básicos como alimentos.
El traslado ilícito de mercancías a países limítrofes, como Argentina, Perú y Brasil, donde los precios son más altos, ha desestabilizado el mercado interno, generando desabastecimiento y especulación.
El viceministro de Derechos del Usuario y Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que al menos 60 personas han sido detenidas recientemente por delitos de agio, especulación y contrabando.
No obstante, el funcionario expresó su preocupación por la falta de procesos judiciales efectivos contra los responsables de estos delitos, lo que ha permitido que la actividad delictiva continúe sin mayores trabas.
“El impacto económico del contrabando inverso es considerable. El gobierno sostiene que la salida ilícita de productos no solo afecta la disponibilidad de bienes en el mercado local, sino que también perjudica a los pequeños productores, quienes ven cómo sus productos son desviados sin generar ingresos adecuados para el país”, aseveró.
Además de aumentar las sanciones, el decreto supremo incluye medidas operativas para reforzar el control en las zonas fronterizas. Se abrirán nuevas oficinas regionales del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando en las áreas limítrofes, con el objetivo de mejorar la respuesta ante actividades ilícitas.
El viceministro manifestó que esta estrategia busca tener un impacto directo en la reducción del contrabando, garantizando que los recursos bolivianos permanezcan dentro del mercado nacional a precio justo.
