LA PAZ, 30 jun (El Libre Observador) — El principal bloque empresarial de Bolivia reclamó este martes la puesta en marcha de un Plan Económico de Emergencia de alcance nacional para enfrentar la crisis que atraviesa el país y advirtió que la recuperación no será posible únicamente con medidas de corto plazo, sino mediante reformas estructurales construidas en consenso entre el Estado, el sector privado y los actores sociales.
La demanda fue planteada durante la inauguración de la Cumbre Extraordinaria de Presidentes de Organizaciones Empresariales, que reúne en la ciudad central de Cochabamba a representantes de las principales cámaras empresariales nacionales y departamentales con el propósito de consensuar una agenda común frente al deterioro económico, la caída de la inversión y las secuelas de los recientes conflictos sociales.
El presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Wildo Dolz, afirmó que el encuentro busca diseñar soluciones para una economía golpeada por la paralización de actividades, las pérdidas en la producción y las dificultades de abastecimiento registradas durante los bloqueos.
«La crisis ya nos describió a nosotros», afirmó Dolz al señalar que miles de empresas suspendieron operaciones, numerosos productores perdieron cosechas y muchas familias enfrentaron problemas para acceder a alimentos, medicamentos y combustibles.
Entre las medidas inmediatas planteadas por el sector destacan la garantía del libre tránsito en todo el territorio nacional, acciones legales contra los responsables de los bloqueos, la creación de fondos de crédito con tasas preferenciales para las empresas, una reforma tributaria orientada a incentivar la inversión privada y una reducción del gasto público mediante la reformulación del Presupuesto General del Estado.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, afirmó que el país enfrenta una crisis «estructural y sistémica» cuya magnitud trasciende los bloqueos registrados en las últimas semanas y requiere decisiones de fondo para recuperar la estabilidad económica.
«Bolivia no estaba bien antes de los bloqueos y no va a recuperarse únicamente porque estos hayan terminado. La crisis exige decisiones de fondo y un compromiso nacional», sostuvo el dirigente empresarial al defender la elaboración de un plan integral, técnicamente sustentado y concertado con todas las regiones y sectores productivos.
Ortuño señaló que el empresariado aspira a convertirse en un actor activo en el diseño e implementación de las políticas públicas vinculadas a la recuperación económica, al considerar que quienes generan inversión, empleo y producción deben participar en las decisiones que definirán el futuro del aparato productivo nacional.
El dirigente reconoció que algunas medidas recientes impulsadas por el Gobierno, entre ellas avances para estabilizar el mercado cambiario, reducir el riesgo país y recuperar parcialmente la confianza económica, generaron expectativas favorables. Sin embargo, advirtió que esos avances solo podrán consolidarse mediante reformas estructurales que garanticen seguridad jurídica, reglas claras y políticas económicas coherentes.
Durante su intervención, Ortuño insistió en que el sector privado no pretende sustituir las funciones del Estado, pero sí participar de manera permanente en la formulación de las políticas económicas que afectan directamente a las empresas, el empleo y la actividad productiva.
Asimismo, llamó a fortalecer la unidad institucional del empresariado boliviano, al advertir que la fragmentación de su representación reduce la capacidad de diálogo con las autoridades y limita la posibilidad de incidir en la definición de políticas públicas.
La cumbre también estuvo marcada por el llamado a transformar el diagnóstico económico en propuestas concretas.
Como parte de una agenda de mediano y largo plazo, los empresarios también propusieron avanzar en reformas relacionadas con la seguridad jurídica, la modernización de la legislación laboral, cambios en el sistema de elección de autoridades judiciales, el impulso a una nueva matriz energética sustentada en fuentes renovables y la actualización de normas económicas clave, entre ellas el Código de Comercio, la Ley de Pensiones y la Ley de Inversiones.
