Por: Roberto Barrios Garnica
LA PAZ, 8 abr (El Libre Observador) —
1. El espectáculo antes que la operativa
El relato inicial evidencia la contradicción: se anuncia con fanfarria la “resurrección” de las tarjetas, pero en la práctica no funcionan. Este patrón refleja una política económica que privilegia la narrativa épica sobre la coordinación técnica.
Observación: el decreto se convierte en un acto performativo más que en una reforma efectiva, dejando al ciudadano en un “fuera de juego” frente a la banca.
2. Retorno a la normalidad digital
La medida busca devolver a estudiantes, emprendedores y consumidores digitales la capacidad de operar sin depender del mercado negro de divisas. Sin embargo, la demora en la implementación erosiona credibilidad.
Señalamiento: la “normalidad” no es un regalo del Estado, sino un derecho económico previamente restringido.
3. Sinceramiento del tipo de cambio
Al fijar un tipo de cambio referencial más cercano al mercado, el gobierno admite tácitamente la depreciación del boliviano. Esto puede reducir la presión sobre el mercado paralelo, pero también expone la fragilidad de la política cambiaria.
Observación: más que apertura, el decreto es un reconocimiento de la incapacidad de sostener el tipo oficial.
4. Transparencia vs. informalidad
Canalizar pagos por el sistema bancario formal fortalece la fiscalización y reduce riesgos de fraude. Sin embargo, también implica que el Estado busca controlar y registrar cada transacción.
Pregunta clave: ¿es transparencia o es control?
5. Complementariedad con el D.S. 5600
El decreto 5600 apunta a ordenar el gasto público, mientras la liberación de tarjetas busca dinamizar el consumo privado. En teoría, ambas medidas son complementarias: austeridad interna + apertura externa.
Observación: sin confianza en la operativa bancaria, el efecto multiplicador se diluye. El ciudadano no invierte ni consume si teme que su tarjeta “no pase”.
