LA PAZ, 10 feb (El Libre Observador) — A pocos días del inicio del Carnaval, una de las temporadas de mayor movilidad interna en Bolivia, bloqueos de carreteras en La Paz y Oruro obligaron este martes a suspender salidas de buses hacia varios destinos del país, generando trastornos para pasajeros, operadores turísticos y el transporte interdepartamental.
La ruta La Paz–Oruro, eje central que conecta el occidente boliviano con ciudades como Uyuni, Potosí y Sucre, volvió a quedar paralizada por protestas instaladas en distintos puntos del trayecto. Ante esta situación, la Terminal Metropolitana de Buses de El Alto y la Terminal de Buses de La Paz determinaron suspender temporalmente las salidas al interior del país.
“Debido a diferentes puntos de bloqueo en la carretera doble vía a Oruro, todas las salidas se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso”, informó la terminal terrestre de El Alto a través de un comunicado difundido en redes sociales.
Desde la Terminal de Buses de La Paz se confirmó además la existencia de bloqueos en rutas que parten desde Oruro hacia Potosí, Tarija, Sucre, Uyuni y Villazón, lo que amplió el impacto de la medida en plena antesala de las celebraciones carnavaleras, que tradicionalmente movilizan a miles de personas hacia el interior del país.
Las autoridades de ambas terminales señalaron que algunas empresas de transporte intentan utilizar rutas alternas para evitar los puntos de conflicto, aunque advirtieron que los recorridos son más largos, inseguros o inestables. Por ello, recomendaron a los pasajeros consultar previamente con las empresas antes de emprender cualquier viaje.
Los bloqueos fueron instalados por el sector del Transporte Libre, principalmente en el departamento de Oruro, coincidiendo con su efeméride departamental. Los conductores exigen atención inmediata a sus demandas por la mala calidad del combustible, al que atribuyen daños mecánicos en los motores de sus vehículos, considerados su principal herramienta de trabajo.
La nueva paralización de rutas estratégicas vuelve a poner en evidencia la fragilidad del sistema de transporte terrestre en Bolivia, especialmente en fechas clave para la economía local y el turismo interno, y reaviva el debate sobre el uso recurrente del bloqueo de caminos como mecanismo de presión social.
