SUCRE, 25 sep (El Libre Observador) — El fin de la subvención al diésel comenzó a traducirse en una masiva movilización social en la capital de Chuquisaca, Sucre. Una multitudinaria marcha recorrió este viernes las calles de esta ciudad para rechazar el Decreto Supremo 5716, exigir la reversión del incremento de las tarifas del transporte urbano y reclamar al Gobierno de Rodrigo Paz medidas para contener el impacto de la eliminación del subsidio sobre el costo de vida.
La protesta reunió a organizaciones cívicas, vecinales, sindicales, gremiales y universitarias, pese a la vigencia de un estado de excepción que restringe marchas, protestas, concentraciones y bloqueo de caminos. Los manifestantes confluyeron en la plaza 25 de Mayo, en el centro histórico de la capital, después de avanzar en columnas desde distintos puntos de la ciudad.
La movilización fue convocada por la denominada Unidad Interinstitucional, que agrupa, entre otros sectores, a la Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE), la Central Obrera Departamental, juntas de padres de familia, gremiales, la Federación Universitaria Local (FUL), transportistas libres, jubilados, maestros urbanos y organizaciones vecinales y sindicales.
El reclamo tiene dos frentes. Por un lado, las organizaciones exigen al Gobierno de Rodrigo Paz la abrogación del Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención al diésel. Por otro, demandan al Gobierno municipal de Sucre que haga cumplir la tarifa urbana vigente de 3 bolivianos y revierta los cobros superiores aplicados por sectores del transporte sindicalizado.
Para los sectores movilizados, el incremento del precio del diésel amenaza con desencadenar una cadena de aumentos que puede alcanzar al transporte, los alimentos y otros bienes y servicios de primera necesidad. La preocupación central es que el mayor costo del combustible termine trasladándose rápidamente a los hogares y profundice la presión sobre una economía familiar ya golpeada por el encarecimiento de productos básicos.
La Unidad Interinstitucional calificó de “arbitrario e ilegal” el aumento del pasaje por encima de los 3 bolivianos establecidos por el Decreto Municipal Transitorio 124/2025 y sostuvo que cualquier modificación debe sustentarse en un estudio técnico, jurídico y económico.
Los dirigentes también cuestionaron que no se hubiera realizado, según su denuncia, un proceso de socialización con usuarios y juntas vecinales antes de modificar las tarifas. Por ello, exigieron a la Máxima Autoridad Ejecutiva del municipio y a las autoridades competentes ejercer el “principio de autoridad” y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Las organizaciones dieron al municipio un plazo de 48 horas para emitir instructivos de control y sanción contra los cobros que consideran irregulares. De no obtener respuesta, anunciaron que ingresarán en un estado de emergencia y movilización permanente.
El segundo frente de la protesta apunta directamente al Ejecutivo nacional. Las organizaciones rechazaron “de forma categórica y contundente” el Decreto Supremo 5716 y demandaron su “abrogación inmediata” o, alternativamente, la creación de un régimen de protección para los consumidores más afectados por el incremento del costo de los combustibles.
El argumento central de los movilizados es que la eliminación de la subvención no puede trasladarse sin mecanismos de compensación a las familias de menores ingresos. Advirtieron que el aumento del diésel puede repercutir en los costos de producción, transporte y comercialización y terminar presionando aún más los precios de la canasta familiar.
La protesta adquirió un tono más confrontacional cuando las organizaciones anunciaron que, si sus demandas no son atendidas en el plazo establecido, podrían avanzar hacia la “toma de instituciones”. También rechazaron que la eliminación de la subvención sea utilizada como argumento para nuevos incrementos de tarifas o aumentos de precios en los mercados.
En el centro de Sucre, la llegada de los universitarios añadió otro componente a la movilización. La Federación Universitaria Local arribó a la plaza 25 de Mayo desde la zona de La Recoleta con banderas, pancartas y palos, para expresar su rechazo a las medidas económicas y reclamar respuestas oficiales sobre sus efectos en el transporte, la producción y el costo de vida.
La jornada dejó así una señal política y social que trasciende el conflicto tarifario de Sucre. El fin de la subvención al diésel comienza a convertirse en un asunto de alto impacto territorial, al conectar el precio de los combustibles con el transporte, los alimentos y el ingreso de las familias.
El desafío para el Gobierno central será contener esa transmisión de costos sin perder de vista el objetivo fiscal que motivó la eliminación de la subvención, mientras que para las autoridades municipales el conflicto abre otro frente, que es garantizar que cualquier modificación de las tarifas de transporte se ajuste a procedimientos técnicos y a la normativa local.
En Sucre, entretanto, las organizaciones movilizadas mantienen su estado de emergencia y han puesto un plazo de 48 horas sobre la mesa. La disputa por el precio del diésel ya no se limita a una decisión económica del Gobierno: empieza a convertirse en una prueba de capacidad de respuesta institucional frente al malestar social.
