LA PAZ, 28 ago (El Libre Observador) — El puente San Pablo apenas había recuperado el silencio cuando los manifestantes volvieron a ocupar la carretera. Un día después de que policías y militares despejaran con gases lacrimógenos este tramo de la ruta que une Santa Cruz con Beni, los productores regresaron este viernes y volvieron a cerrar el paso. La protesta ya no se concentra en un solo lugar, se extendió a Nueva Jerusalén y Ascensión de Guarayos donde aparecen como los nuevos nudos de una carretera que vuelve a quedar atrapada en la disputa por el precio del diésel.
Los vehículos detenidos son la primera señal de que el conflicto ha regresado. Camiones de carga, autobuses y automóviles particulares permanecen varados mientras los manifestantes esperan una respuesta que, por ahora, no llega. Su exigencia es sencilla de formular y difícil de resolver: quieren que el Gobierno abrogue el Decreto Supremo 5676 y que las autoridades nacionales lleguen hasta la zona para escuchar sus reclamos.
El decreto ha abierto una nueva grieta. La norma fija un precio referencial de 18 bolivianos por litro de diésel para los grandes consumidores, mientras mantiene en 9,80 bolivianos el precio para el transporte público y los vehículos particulares. Para los productores, la diferencia representa un aumento que golpea directamente sus costos y amenaza la rentabilidad de sus actividades.
El jueves, el gobernador de Beni, Jesús Egüez, llegó hasta San Pablo acompañado por representantes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). La escena parecía reunir los ingredientes de una salida negociada: autoridades, productores y una carretera convertida en mesa improvisada de diálogo. Pero las conversaciones terminaron sin acuerdo.
Los manifestantes plantearon entonces una condición: permitirían el paso de los vehículos retenidos si las fuerzas policiales y militares abandonaban el lugar. El Gobierno no aceptó. En un país donde todavía rige un estado de excepción, la presencia de los uniformados se convirtió en el otro frente del conflicto.
La intervención llegó poco después. Policías y militares avanzaron para liberar el puente y utilizaron gases lacrimógenos. Los productores respondieron con piedras y ladrillos. Hubo enfrentamientos. La carretera volvió a quedar despejada, pero solo por unas horas. Cuando los efectivos se retiraron o redujeron su presencia, los manifestantes regresaron al mismo punto.
El episodio resume la dificultad de la crisis: cada intento de recuperar la circulación puede convertirse en un nuevo motivo de confrontación y cada bloqueo termina trasladando el coste del conflicto a quienes necesitan atravesar las carreteras.
Este viernes, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó la persistencia de los cortes, aunque los reportes sobre su número diferían: la entidad estatal registraba al menos dos puntos afectados, mientras medios locales situaban en tres los lugares de protesta.
La tensión tampoco se quedó en la Amazonía. En Potosí, en el occidente boliviano, los transportistas del sector público bloquearon distintos sectores de la ciudad para protestar por el desabastecimiento de combustible. Uno de los puntos fue instalado en la avenida Las Banderas, cerca de la terminal interdepartamental y de una estación de servicio.
Así, mientras una carretera estratégica vuelve a quedar inmovilizada en el oriente, una ciudad del altiplano reproduce la misma escena: vehículos detenidos, combustible escaso y sectores sociales que convierten las calles en su principal instrumento de presión.
El Gobierno se enfrenta ahora a un problema que ya no es únicamente logístico. El diésel se ha convertido en un símbolo de las dificultades económicas que atraviesa Bolivia y en un punto de encuentro para demandas diferentes. Productores y transportistas coinciden en el reclamo por el combustible, aunque sus intereses no sean idénticos.
La carretera Santa Cruz-Beni vuelve a recordarlo. En Bolivia, bloquear una ruta no significa únicamente impedir el paso. Significa hacer visible el conflicto, obligar al Gobierno a mirar hacia el lugar donde comenzó y convertir kilómetros de asfalto en el escenario donde se mide la capacidad de resistencia de unos y la capacidad de respuesta de otros.
Y en San Pablo, después de una intervención policial y de un diálogo roto, la carretera ha vuelto a cerrarse.
