LA PAZ, 27 ago (El Libre Observador) — La controversia sobre la presunta influencia del argentino Fernando Cerimedo en el entorno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, ha dado un nuevo salto, cuando dejó el terreno de las denuncias políticas y llegó a la Justicia Constitucional. Tres ciudadanos acudieron este jueves a la Sala Constitucional Primera de La Paz para exigir que la Asamblea Legislativa active un juicio de responsabilidades contra el mandatario por una supuesta “traición a la patria”.
El movimiento introduce una nueva variable en un Gobierno que afronta, además de una creciente presión política y social, un escenario económico delicado y conflictos por sus medidas de ajuste. La acusación contra Paz, sin embargo, se encuentra en fase de planteamiento judicial y no supone una conclusión de los tribunales sobre la existencia de un delito ni sobre la responsabilidad del presidente.
El abogado Wilmer Vásquez, uno de los tres accionantes, explicó que el primer intento se produjo en el Senado. El 24 de agosto, según su versión, presentaron una solicitud para que la Asamblea iniciara el procedimiento de juicio de responsabilidades contra el mandatario. Al no obtener respuesta, optaron por acudir a la jurisdicción constitucional mediante una acción de cumplimiento.
“El presidente del Estado ha cometido traición a la patria”, sostuvo Vásquez, al presentar como eje de su acusación la supuesta influencia ejercida por Cerimedo dentro de la estructura presidencial.
El caso adquiere una dimensión internacional porque el principal señalado no es boliviano. Los accionantes sostienen que la participación de un ciudadano argentino en espacios próximos al poder, su presunto acceso a autoridades de alto nivel y el eventual manejo de información estatal podrían constituir una forma de injerencia extranjera en asuntos internos de Bolivia.
La denuncia incorpora como respaldo documentación que, según los demandantes, identifica a Cerimedo como “asesor principal del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”. También alude a un supuesto correo electrónico con dominio oficial de la Presidencia y a un presunto acceso al despacho presidencial.
Son, por ahora, elementos aportados por los denunciantes. Su autenticidad, alcance y valor jurídico deberán ser determinados por las autoridades competentes. La presentación judicial tampoco establece que Cerimedo haya ejercido efectivamente funciones oficiales ni que el presidente Paz haya incurrido en alguno de los delitos mencionados.
La ofensiva no se dirige únicamente contra el jefe del Ejecutivo. La acción constitucional cuestiona también a la Asamblea Legislativa por una supuesta “omisión inconstitucional”, al considerar que el Senado no respondió a la solicitud de iniciar el proceso de responsabilidades.
Los demandantes pretenden que la Sala Constitucional declare que existe esa omisión y ordene al Legislativo convocar una sesión plenaria extraordinaria para considerar la acusación contra Paz. El pedido amplía así el conflicto: de una denuncia sobre el entorno presidencial pasa a convertirse también en una disputa sobre las obligaciones constitucionales del Parlamento.
Los accionantes solicitan además que se investigue y procese a otras personas que consideran relacionadas con los hechos denunciados, entre ellas el propio Cerimedo. El petitorio incluye medidas cautelares sobre bienes y funciones de integrantes de la familia Paz, en el marco de acusaciones que mencionan presuntos delitos de corrupción, cohecho y tráfico de influencias.
El episodio se produce en un momento particularmente sensible para el Gobierno boliviano. Paz enfrenta una creciente disputa con sectores productivos y sociales por sus decisiones económicas, mientras intenta aplicar medidas destinadas a contener las dificultades fiscales y corregir distorsiones acumuladas durante años.
La controversia sobre Cerimedo añade ahora una dimensión institucional y geopolítica a esa tensión. La cuestión de fondo ya no es únicamente quién tuvo acceso al círculo presidencial, sino hasta dónde puede llegar la participación de un extranjero en asuntos vinculados con el poder político de un Estado y qué controles deben existir cuando esa relación involucra información, autoridades o dependencias públicas.
La Justicia Constitucional deberá determinar primero si la acción presentada cumple los requisitos para ser considerada y, eventualmente, si corresponde ordenar a la Asamblea Legislativa adoptar alguna medida. El desenlace dependerá, por tanto, de decisiones judiciales y legislativas todavía pendientes.
Por ahora, la denuncia representa una acusación promovida por tres ciudadanos y no una condena ni una imputación judicial contra el presidente. Pero su llegada a los tribunales eleva el costo político de un asunto que ya había generado controversia en el debate público boliviano.
