LA PAZ, 10 feb (El Libre Observador) — La palabra no pasó inadvertida. Desde un estrado en Oruro, mientras el país intentaba digerir los efectos de una gasolina defectuosa que dejó a miles de vehículos inutilizados, el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira habló de “plagas” que, según él, buscan hundir a su Gobierno. No fue solo una denuncia: fue una señal del clima de desconfianza que empieza a marcar a una administración con apenas tres meses en el poder.
La crisis estalló en las estaciones de servicio y en los talleres mecánicos. Más de 2.000 vehículos resultaron dañados por combustible “desestabilizado”, de acuerdo con la estatal YPFB, que atribuyó el problema a residuos acumulados en tanques que habrían almacenado gasolina importada de baja calidad. El Gobierno reaccionó con una medida drástica: 360 despidos en la petrolera estatal y acusaciones de negligencia —o algo peor— contra su filial logística.
En ese contexto, Paz Pereira eligió un tono confrontacional. Ante transportistas, uno de los sectores más golpeados, pidió unidad frente a lo que describió como un boicot interno. “Tenemos que pelear con unas plagas que nos meten gasolina sucia para dañar la gestión”, dijo, en una frase que condensó la narrativa oficial: el problema no es solo técnico, sino político.
El presidente reconoció que su Gobierno enfrenta fallas estructurales heredadas y recordó que incluso Evo Morales, en los primeros años de su mandato, denunció la permanencia de funcionarios ligados a administraciones anteriores. “Llevamos tres meses y los problemas no se resuelven de la noche a la mañana”, insistió, en un intento por ganar tiempo y comprensión social.
Pero la crisis también abrió una grieta en la cúpula del poder. El vicepresidente Edmand Lara rechazó la idea de un sabotaje heredado y apuntó directamente a los actuales responsables del Ejecutivo.
En declaraciones públicas y en redes sociales, sostuvo que el verdadero daño proviene de ministros y autoridades designadas por el propio presidente, y pidió la interpelación del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli.
Más allá del cruce de acusaciones, el episodio revela un problema más profundo: la fragilidad institucional de un Estado que depende de su empresa petrolera para sostener la economía cotidiana y la confianza ciudadana.
Mientras el Gobierno promete acciones legales y convoca a una lucha contra la corrupción, el malestar persiste en las calles y talleres, donde la gasolina defectuosa dejó una huella tangible y costosa.
La palabra “plagas”, lanzada desde el poder, resume así un momento político delicado: el intento de blindar a un Gobierno joven frente a una crisis real, en un país donde los errores técnicos rara vez quedan al margen de la disputa política.
